Una corta nota de El Observador de ayer nos hizo cambiar el tema que teníamos para hoy. Según esa nota, el doctor Ney Castillo habría acusado a la Intendencia de Montevideo de falta de transparencia en su gestión, lo que provocó la réplica del secretario general de la Intendencia, quien aparentemente contestó que consideraba la crítica como profundamente injusta por tres razones.
Dijo que el Tribunal de Cuentas “analiza todos los gastos”; que cada año la IMM envía a la Junta Departamental “una pormenorizada Rendición de Cuentas, que es analizada durante meses por la Comisión de Hacienda de la Junta”, y que “desde la época de Tabaré Vázquez, se realizan todas las semanas acuerdos públicos del gabinete, donde puede concurrir cualquier ciudadano o medio de prensa, y escuchar cómo cada director propone resoluciones al intendente, adonde se incluyen los gastos”.
Las tres cosas que dice el secretario general de la intendencia parecen ciertas. La pregunta, sin embargo, es si eso es transparencia.
Hace dos o tres semanas escribimos sobre la experiencia del municipio de Montevideo por la que duplicó los impuestos para duplicar los sueldos, dejando lo demás más o menos igual. Lo que tal vez no sepa el lector es la odisea que implicó escribir esa nota. Porque averiguar cualquier cosa sobre la intendencia que signifique manejar datos y números objetivos, y no solo palabras y adjetivos, es una verdadera lucha.
Invitamos al lector a dar una vuelta por la página web de la IMM. No creo que nadie discuta que en el mundo de hoy la web es el medio natural para el acceso a la información institucional de organizaciones y empresas, públicas y privadas, sin excepción. Y no solo entre las empresas. Para comparar, el lector puede entrar, por ejemplo, al sitio del muy socialista Municipio de Santiago de Chile (www.municipalidaddesantiago.cl) y verá que bajo Municipalidad/Presupuestos aparece una detalladísima información presupuestal, separada por áreas, distinguiendo presupuesto y ejecución, con informes trimestrales de avance, detalle de subsidios, presupuestos históricos, casi una decena de indicadores, etcétera. Eso es transparencia. Y esa trasparencia, en el caso de Chile, no es producto de una decisión discrecional sino que está apoyada en la ley (ley 20.285 sobre transparencia administrativa) que, entre otras cosas, obliga a todas las administraciones públicas a mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, actualizados, al menos, una vez al mes, datos que incluyen entre otros el personal de planta, contratado y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones; las contrataciones para el suministro de bienes muebles; la información presupuestaria asignada y ejecutada y en general toda la información cuantitativa de gestión relevante para la información del ciudadano.
Comparemos, ahora, con el sitio de la IMM y veamos qué encontramos. Nada.
Absolutamente nada que no sean palabras de propaganda. Palabras que pueden ser todas ciertas, pero nunca lo sabremos si no se nos da la información que nos permita verificar lo que se dice contra planes, y contra números. Las palabras son muy lindas, pero los números son lo que permiten analizar. Y de números, la página de la Intendencia carece absolutamente. Tiene una página de “estadísticas”, pero a no entusiasmarse: son estadísticas de biblioteca y solicitudes. Tiene una de “reportes de gestión”, pero no contiene análisis ni números, solo comentarios de que se inauguró tal o cual cosa, sin más datos. Hay otras de “políticas” y de “programas” pero solo contienen extensos textos sobre las cosas maravillosas que se hicieron. Pero de números que permitan analizar si se hicieron bien, o si se hizo lo propuesto, o cuánto costó lo que se hizo, ni una palabra. Y mucho menos un número. Dicho sencillamente: la intendencia no da a los ciudadanos ningún medio para evaluar su gestión. Y eso no es transparencia. Y conste que tampoco lo da la Junta Departamental, que aprueba los presupuestos. Porque allí, bajo “presupuesto” lo que aparece es el de la junta, no el de la intendencia.
Cuando hace algunas semanas quisimos examinar, aun superficialmente, la eficiencia de la IMM, les pedimos a un par de economistas que revisaran los números y nos dieran una primera visión. Dos o tres horas después llamaron desesperanzados, porque no habían encontrado nada, absolutamente nada, que les permitiera trabajar. De allí en más nos dedicamos a rastrear la información y en un par de semanas, a través de amigos y acudiendo a contactos personales que no están al alcance de todo ciudadano conseguimos el último presupuesto municipal, y un resumen de los anteriores. Pensamos, entonces, que de allí podríamos sacar conclusiones, y estudiar un poco. Pero no. Porque no solo se trata un documento de unos 12 centímetros de alto y varios cientos de páginas, sino que además está preparado por el enemigo. Para averiguar cuánto se gasta en salarios, por ejemplo, no basta con buscar bajo “salarios”, porque además hay salarios escondidos en los gastos de operación. Y hay salarios escondidos en contratos con ONG. Hay salarios escondidos por todos lados. Para sacar cualquier conclusión, entonces, se necesitan contactos personales, ayuda de economistas, análisis tipo CSI de la información, y todo eso para terminar con datos aproximados. Que seguramente después serán contradichos por los que tienen información “de adentro” con datos que uno no tiene forma ni de anticipar ni de discutir porque, por supuesto, nunca los conoció.
De esta manera los “de adentro” no solo se aseguran de que los “de afuera” no sepan nada, sino que si tratan de hacerlo siempre puedan ser contradichos con otra información que solo ellos conocen.
Transparencia, entonces, no es que el Tribunal de Cuentas supervise. Es que el ciudadano pueda hacerlo. Trasparencia no es que la Junta reciba la información, sino que la información esté al alcance de todos. Y transparencia no es que un ciudadano pueda ir en horario de trabajo a la Intendencia y mirar como se hacen las cosas. Transparencia es dar mucha información, toda la información, de modo que cualquiera pueda seguir y examinar lo que se hace sin renunciar a su empleo para perseguir papeles, pedir favores y actuar como detective. En esa materia la Intendencia de Montevideo, al igual que casi todo el Estado uruguayo, no deja muchísimo que desear. Simplemente, no informa nada.
El Observador, 10 de abril de 2010 - Daniel M. Ferrere - Opinión
lunes, 12 de abril de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario