La molestia del gobierno disparó una vez más el debate. La cobertura del secuestro del empresario Ignacio Rospide el 18 de marzo, provocó la ira del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que acusó a los periodistas de poner en peligro la vida del rehén. ¿Deben o no los medios de comunicación informar sobre secuestros?, fue la pregunta que surgió en ese momento. Para el Poder Ejecutivo y la Policía es claro que debe haber un silencio noticioso.
Con esos antecedentes la empresa de comunicación Quatromanos y el estudio Ferrere abogados, organizaron el foro Secuestros y medios de comunicación.
“La regla en el periodismo es informar todo aquello que sea de interés público y esté debidamente chequeado. No estamos para ocultar información, sino para publicar información”, fue la primera conclusión del periodista y director del semanario Búsqueda, Claudio Paolillo.
Aseguró creer en “la más irrestricta libertad de prensa y expresión” y señaló que los secuestros extorsivos “siempre” son noticias de interés público. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de “aguantar” una información en casos puntuales.
Cuándo esperar. “Puede haber situaciones extremas que sean excepciones. Cuando a los periodistas se nos convence de que justo en ese momento puede darse una situación complicada, y dar el dato en ese momento puede poner en riesgo una vida, tenemos que considerar si publicamos o ‘aguantamos´ la noticia en un período breve”, explicó. Aclaró que eso “solo se puede hacer teniendo la información para decidir si realmente está en juego una vida”. Y consultó: “¿Qué pasa si los secuestradores son una banda de policías? ¿Y si los que nos piden que no informemos son los propios policías? Por eso debemos extremar nuestra conducta profesional”, afirmó.
No es fácil. La cobertura de informaciones tan delicadas como los secuestros no tienen receta. “En medio de una situación extrema entra en conflicto el derecho humano de informar y el derecho humano a vivir”, señaló Paolillo.
De todas formas, reiteró que “las decisiones de publicar o no una información son siempre de los medios y los periodistas, y no de agentes externos ni del Estado”.
En referencia al presidente José Mujica, que había manifestado que los medios debían “ayudar” a la Policía, Paolillo dijo que la prensa “no es un auxiliar del gobierno, ni de la Policía ni de los jueces”.
Además, dijo comprender pero no compartir la propuesta de Bonomi sobre crear un protocolo.
“Va contra la libertad de expresión, y no sirve para nada porque cada secuestro es una historia única, y porque cada medio tiene sus normas profesionales y éticas propias, intransferibles y a veces opuestas”.
Hicieron lo de siempre. Otro de los panelistas, el periodista y director de Telemundo 12, Alfonso Lessa, se mostró sorprendido por la reacción de Bonomi por el manejo que hizo la prensa del secuestro de Rospide. “Yo no recuerdo algo así. Sí recuerdo el malestar de algún ministro por alguna cobertura, pero no algo así en los últimos 30 años”, dijo. Lessa señaló que “en los 14 secuestros que hubo en los últimos 36 años siempre se informó y esta vez no fue diferente”.
No hay pruebas. La posibilidad de poner en riesgo la vida de un secuestrado también fue manejada en el foro. Lessa aseguró que “no existen pruebas de que la divulgación de estos hechos genere un efecto negativo”. Como ejemplo recordó el caso de Valentina Simon, cuyo secuestro fue divulgado y ella salió con vida; y el de un empresario que fue hallado muerto, y del que no se había informado en los medios.
Además, recordó que el Poder Judicial dio a conocer toda la información luego de que Rospide estuvo fuera de peligro, y “de esa información se desprende que la divulgación obró a favor de la liberación”. Consideró que “las restricciones no son buenas” y que la receta es “la de siempre: responsabilidad, ética, profesionalismo, reglas claras e información adecuada por parte de policías y autoridades”.
Policías y periodistas. “Los policías del mundo tienen grupos especializados para tratar estos temas con los periodistas”, señaló el tercer panelista, el abogado del estudio Ferrere, Andrés Cerisola. Indicó que esto “no se puede resolver con una ley o un acuerdo en general, sino estudiando caso a caso, y donde la decisión final la debe tomar el órgano de prensa”. Señaló como “legítimo” que se cree un equipo especial en la Policía “para evitar filtraciones” de información.
Lo dijeron
Claudio Paolillo:
«No estamos para ocultar información, sino para publicar información»
«Las decisiones de publicar o no una información son siempre de los medios y de los periodistas, no de agentes externos ni del Estado»
Alfonso Lessa:
«En los 14 secuestros dados en los últimos 36 años siempre se dio la información y esta vez no fue diferente»
«No existen pruebas de que la divulgación de estos hechos genere un efecto negativo»
Andrés Cerisola:
«No se puede resolver con una ley o un acuerdo en general, sino estudiando caso a caso, y donde la decisión final la debe tomar el órgano de prensa»
«Los inversores que vienen a Uruguay toman muy en cuenta que los secuestros son raros, y suelen terminar bien»
Se olvidaron de los SMS, Twitter y Facebook
Antes que comenzara la conferencia, el director de Quatromanos, Álvaro Amoretti, hizo una breve presentación en la que contó cómo se enteró del secuestro. No fue por los informativos de TV, ni por las radios. Fue por mensajes de texto, mientras estaba en el cine, y antes que la noticia cobrara estado público. Periodistas que querían consultarlo para saber si conocía al secuestrado, y empresarios a los que los periodistas habían llamado, que querían saber de qué se trataba el asunto. Y nadie lo había informado públicamente.
En esa línea, Lessa señaló que el planteo del gobierno tiene un punto de partida equivocado, “y es creer que en 2010 se puede controlar o evitar una información con el desarrollo tecnológico que existe. Pensar que pactando reglas de juego se soluciona, es ver media parte de la realidad”, dijo el periodista.
Uruguay es seguro para los inversores
Según el abogado Andrés Cerisola, los inversores que vienen a Uruguay “toman muy en cuenta que los secuestros son raros, y suelen terminar bien”. En la conferencia señaló que hay inversores que “están trayendo a sus familias” porque “se toma en cuenta que Uruguay es un país seguro donde se puede andar por la calle”, en relación con otras naciones latinoamericanas. El abogado señaló que para estos casos “no se justifica la restricción a la libertad de prensa”, sino lo contrario y “tirar a toda Policía encima (de los delincuentes ) cada vez que se produce un caso”.
Otros casos en el mundo
94 días. En octubre del año pasado, en Paraguay, fue secuestrado el ganadero Fidel Zavala. Según contó Paolillo, los medios debieron guardar la noticia durante 94 días. La familia se negaba a dar información por temor, lo que generó que un periodista escribiera una columna sobre la necesidad de contar con la información para prevenir otros casos.
EEUU. La periodista estadounidense Jill Carrol fue secuestrada en 2006. Su jefe pidió que no se publicara, pero no todos los medios hicieron caso.
El Observador, 23 de abril de 2010
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jueves, 29 de abril de 2010
martes, 30 de marzo de 2010
Ministro negó que se piense en ley para regular información
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, descartó ayer que la idea de su cartera sea establecer un acuerdo escrito o crear una ley o decreto que regule la información, sino que la idea es "seguir conversando" con los medios de comunicación. "La aspiración es que tengamos algún tipo de acuerdo de hecho de cómo actuar y el acuerdo es el diálogo", enfatizó.
Bonomi explicó que cuando se produce un secuestro extorsivo se suele decir a la familia del secuestrado que si informa a la Policía pueden matarlo. "Obviamente cuando existe información sobre el hecho se pone en peligro la vida", sostuvo el jerarca.
Por eso pidió a las autoridades de los medios de comunicación que exista un canal de diálogo cuando ocurran hechos similares al secuestro del empresario Ignacio Rospide.
Sin embargo precisó que en la reunión "no nos dedicamos a hablar de lo que pasó ese día, sino para adelante, si ocurre un hecho similar, que podamos tener algún tipo de intercambio para tener una actuación en común", precisó Bonomi en rueda de prensa a la salida del encuentro. El titular de Interior calificó la reunión como "muy positiva y auspiciosa" y destacó la concurrencia: "Estaban los principales medios del país", afirmó.
Pero también emitió sus reflexiones sobre lo sucedido en el caso particular y dijo que lo que se pide es "sentido común". "¿Quién de ustedes va a decir que entre el derecho de la información y la necesidad de mantener la vida de una persona está primero el derecho a la información?", cuestionó y respondió: "Nadie lo va a decir. El problema es si no lo dice y después actúa en forma inconsecuente".
Por otra parte, Bonomi se refirió a las distintas experiencias en el tema a nivel mundial y citó los ejemplos de la BBC de Londres y de los medios españoles, quienes tienen el criterio de no informar y atenerse a las indicaciones de la Policía. Pero reconoció que existen otros países que tienen resuelto informar "porque más que secuestros extorsivos se trata de secuestros políticos".
Consultado sobre la filtración de datos del caso Rospide desde la Policía, Bonomi señaló que "se filtra porque (el ministerio) es un instituto muy grande donde hay miles de personas", pero apuntó que cuando los medios se enteran suelen confirmarlo con los Juzgados y que, en esta medida, "no es la responsabilidad del policía si se publica, sino del medio de prensa".
De todos modos reconoció que se investigará lo ocurrido y comentó que en la reunión de ayer se tuvo en cuenta la competencia que existe entre los medios, "que también presiona a hacer determinadas cosas", en relación a la publicación de la noticia.
Por último, sobre la investigación del secuestro indicó que hay "pistas muy firmes", que "se sigue trabajando", pero que no se va a divulgar la línea de investigación. Interrogado acerca de que Rospide haya estado retenido en San José, Bonomi descarto poder afirmarlo por el momento y dijo que tiene la esperanza de que el caso se resuelva.
Ultimas Noticias, 30 de marzo de 2010
Bonomi explicó que cuando se produce un secuestro extorsivo se suele decir a la familia del secuestrado que si informa a la Policía pueden matarlo. "Obviamente cuando existe información sobre el hecho se pone en peligro la vida", sostuvo el jerarca.
Por eso pidió a las autoridades de los medios de comunicación que exista un canal de diálogo cuando ocurran hechos similares al secuestro del empresario Ignacio Rospide.
Sin embargo precisó que en la reunión "no nos dedicamos a hablar de lo que pasó ese día, sino para adelante, si ocurre un hecho similar, que podamos tener algún tipo de intercambio para tener una actuación en común", precisó Bonomi en rueda de prensa a la salida del encuentro. El titular de Interior calificó la reunión como "muy positiva y auspiciosa" y destacó la concurrencia: "Estaban los principales medios del país", afirmó.
Pero también emitió sus reflexiones sobre lo sucedido en el caso particular y dijo que lo que se pide es "sentido común". "¿Quién de ustedes va a decir que entre el derecho de la información y la necesidad de mantener la vida de una persona está primero el derecho a la información?", cuestionó y respondió: "Nadie lo va a decir. El problema es si no lo dice y después actúa en forma inconsecuente".
Por otra parte, Bonomi se refirió a las distintas experiencias en el tema a nivel mundial y citó los ejemplos de la BBC de Londres y de los medios españoles, quienes tienen el criterio de no informar y atenerse a las indicaciones de la Policía. Pero reconoció que existen otros países que tienen resuelto informar "porque más que secuestros extorsivos se trata de secuestros políticos".
Consultado sobre la filtración de datos del caso Rospide desde la Policía, Bonomi señaló que "se filtra porque (el ministerio) es un instituto muy grande donde hay miles de personas", pero apuntó que cuando los medios se enteran suelen confirmarlo con los Juzgados y que, en esta medida, "no es la responsabilidad del policía si se publica, sino del medio de prensa".
De todos modos reconoció que se investigará lo ocurrido y comentó que en la reunión de ayer se tuvo en cuenta la competencia que existe entre los medios, "que también presiona a hacer determinadas cosas", en relación a la publicación de la noticia.
Por último, sobre la investigación del secuestro indicó que hay "pistas muy firmes", que "se sigue trabajando", pero que no se va a divulgar la línea de investigación. Interrogado acerca de que Rospide haya estado retenido en San José, Bonomi descarto poder afirmarlo por el momento y dijo que tiene la esperanza de que el caso se resuelva.
Ultimas Noticias, 30 de marzo de 2010
Bonomi pidió cautela a medios para no afectar “percepción de seguridad”
El gobierno pidió ayer cautela a los medios de comunicación en el manejo de la información relativa a secuestros para evitar poner en riesgo la vida de la víctima y que se afecte la percepción de seguridad que los empresarios extranjeros tienen cuando deciden radicarse en Uruguay.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el subsecretario Jorge Vázquez y el director nacional de Policía, Julio Guarteche, encabezaron ayer una reunión en la que participaron representantes y propietarios de medios de comunicación, así como sus responsables periodísticos.
El ministro Bonomi abrió el fuego advirtiendo que el objetivo del encuentro era "intercambiar" opiniones con los representantes de los medios de comunicación por lo que sucedió en relación a la información que se difundió al caer la tarde del viernes 26 sobre el caso del secuestro del corredor de bolsa, Ignacio Rospide, y definir qué se puede hacer "hacia delante".
El secretario de Estado dijo querer algún tipo de acción común ante esos hechos, que es probable que sucedan de nuevo.
No obstante, Bonomi destacó que en los últimos 36 años se han producido tan solo 14 secuestros en el país, extremo que, al lado de lo que sucede en otros países "es bajísimo". Remarcó, asimsimo, que la seguridad personal que tienen los hombres de negocios en el país es un elemento que los inversores toman muy en cuenta a la hora de decidir radicarse en Uruguay.
"Como país, nos interesa mantener ese clima", subrayó.
A continuación, el subsecretario Vázquez puso de ejemplo que el hecho de mantener en reserva los nombres de informantes que han colaborado con la Policía en casos de combate al narcotráfico, ha permitido obtener éxitos en esa área.
Por eso, Vázquez pidió ver cómo se puede trabajar junto la cartera y los medios de comunicación para abatir la delincuencia.
El subsecretario agregó que el Ministerio del Interior está abierto a todas las soluciones porque su objetivo es no poner en riesgo la vida de los ciudadanos que se encuentren atravesando una situación como un secuestro, ni la de sus propios funcionarios. "No es una tarea fácil, por eso les estamos pidiendo que nos ayuden", remarcó.
En otro momento del intercambio con los representantes de los medios de comunicación, el ministro Bonomi admitió que su cartera sabe cómo trasciende a la prensa la información relativa a hechos policiales pero advirtió que quienes definen la publicación de determinada información son los periodistas y los directores de los medios.
El secretario de Estado dijo que el tema es qué se hace con la noticia cuando se tiene ya que si bien es difícil llegar a un protocolo, es necesario ver si se puede acordar algo porque lo que se requiere es tener "un tiempo de silencio" ante un caso de extrema gravedad.
Por su lado, Guarteche reconoció que en la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, en varias oportunidades se logró que los periodistas no divulgaran una información cuando se estaba en medio de un procedimiento importante. "El periodista es periodista y yo no me puedo enojar con lo que hace", señaló.
Entre los representantes de los medios que hicieron uso de la palabra hubo disposición a aceptar sugerencias de las autoridades ante estos casos extremos. De todas formas, se reclamó a los jerarcas ministeriales que cuando se producen hechos de esas características, se informe a la prensa de la situación que se está enfrentando.
Incluso, uno de los participantes del encuentro dijo que establecer un protocolo de actuación puede ser frustrante para los periodistas y propuso que cuando trascienda información sobre hechos como son los secuestros, el Ministerio del Interior debería dar a los medios toda la información disponible "para evitar manejos imprudentes".
Ultimas Noticias, 30 de marzo de 2010
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el subsecretario Jorge Vázquez y el director nacional de Policía, Julio Guarteche, encabezaron ayer una reunión en la que participaron representantes y propietarios de medios de comunicación, así como sus responsables periodísticos.
El ministro Bonomi abrió el fuego advirtiendo que el objetivo del encuentro era "intercambiar" opiniones con los representantes de los medios de comunicación por lo que sucedió en relación a la información que se difundió al caer la tarde del viernes 26 sobre el caso del secuestro del corredor de bolsa, Ignacio Rospide, y definir qué se puede hacer "hacia delante".
El secretario de Estado dijo querer algún tipo de acción común ante esos hechos, que es probable que sucedan de nuevo.
No obstante, Bonomi destacó que en los últimos 36 años se han producido tan solo 14 secuestros en el país, extremo que, al lado de lo que sucede en otros países "es bajísimo". Remarcó, asimsimo, que la seguridad personal que tienen los hombres de negocios en el país es un elemento que los inversores toman muy en cuenta a la hora de decidir radicarse en Uruguay.
"Como país, nos interesa mantener ese clima", subrayó.
A continuación, el subsecretario Vázquez puso de ejemplo que el hecho de mantener en reserva los nombres de informantes que han colaborado con la Policía en casos de combate al narcotráfico, ha permitido obtener éxitos en esa área.
Por eso, Vázquez pidió ver cómo se puede trabajar junto la cartera y los medios de comunicación para abatir la delincuencia.
El subsecretario agregó que el Ministerio del Interior está abierto a todas las soluciones porque su objetivo es no poner en riesgo la vida de los ciudadanos que se encuentren atravesando una situación como un secuestro, ni la de sus propios funcionarios. "No es una tarea fácil, por eso les estamos pidiendo que nos ayuden", remarcó.
En otro momento del intercambio con los representantes de los medios de comunicación, el ministro Bonomi admitió que su cartera sabe cómo trasciende a la prensa la información relativa a hechos policiales pero advirtió que quienes definen la publicación de determinada información son los periodistas y los directores de los medios.
El secretario de Estado dijo que el tema es qué se hace con la noticia cuando se tiene ya que si bien es difícil llegar a un protocolo, es necesario ver si se puede acordar algo porque lo que se requiere es tener "un tiempo de silencio" ante un caso de extrema gravedad.
Por su lado, Guarteche reconoció que en la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, en varias oportunidades se logró que los periodistas no divulgaran una información cuando se estaba en medio de un procedimiento importante. "El periodista es periodista y yo no me puedo enojar con lo que hace", señaló.
Entre los representantes de los medios que hicieron uso de la palabra hubo disposición a aceptar sugerencias de las autoridades ante estos casos extremos. De todas formas, se reclamó a los jerarcas ministeriales que cuando se producen hechos de esas características, se informe a la prensa de la situación que se está enfrentando.
Incluso, uno de los participantes del encuentro dijo que establecer un protocolo de actuación puede ser frustrante para los periodistas y propuso que cuando trascienda información sobre hechos como son los secuestros, el Ministerio del Interior debería dar a los medios toda la información disponible "para evitar manejos imprudentes".
Ultimas Noticias, 30 de marzo de 2010
miércoles, 27 de mayo de 2009
Taller de digitalización de medios de prensa
El proximo 20 de junio se realizará el taller “Digitalización Medios de Prensa, Ley de Prensa a estudio en el parlamento, Ley aplicación y reglamentación de Radios Comunitarias”
Lugar Salón de actos de la Intendencia de Rivera
Expositores:
Nueva Ley de prensa en el parlamento comparativo con la vigente.
Fabian Werner Egresó del curso de ciencias de la comunicación en la Universidad del Trabajo del Uruguay en 1995. A partir de ese año trabajó como periodista en La República y posteriormente en la radio El Espectador. Desde febrero de 2004 trabaja como periodista en el semanario Brecha.
Digitalización lo que se viene, repensando formatos
Pablo Khalil Es Licenciado en Comunicación Miembro del equipo del Canal Comunitario de las organizaciones sociales formada por Fucvam, Feuu, PIT CNT,junto a la Universidad de la República que gestiona el Ministerio de Educación y Cultura. Asesor en comunicación publicitaria de la Alianza Social Continental.
actualmente es el Secretario de redacción de el Semanario El Popular
Ley y reglamentación de las radios comunitarias
José Imaz, un conocido impulsor de Radio La Cotorra FM del Cerro, integrante de la Mesa desde hace muchos años y actual delegado de AMARC URUGUAY en el Consejo Honorario Asesor de radio y TV comunitaria
APU, 27 de mayo de 2009
Lugar Salón de actos de la Intendencia de Rivera
Expositores:
Nueva Ley de prensa en el parlamento comparativo con la vigente.
Fabian Werner Egresó del curso de ciencias de la comunicación en la Universidad del Trabajo del Uruguay en 1995. A partir de ese año trabajó como periodista en La República y posteriormente en la radio El Espectador. Desde febrero de 2004 trabaja como periodista en el semanario Brecha.
Digitalización lo que se viene, repensando formatos
Pablo Khalil Es Licenciado en Comunicación Miembro del equipo del Canal Comunitario de las organizaciones sociales formada por Fucvam, Feuu, PIT CNT,junto a la Universidad de la República que gestiona el Ministerio de Educación y Cultura. Asesor en comunicación publicitaria de la Alianza Social Continental.
actualmente es el Secretario de redacción de el Semanario El Popular
Ley y reglamentación de las radios comunitarias
José Imaz, un conocido impulsor de Radio La Cotorra FM del Cerro, integrante de la Mesa desde hace muchos años y actual delegado de AMARC URUGUAY en el Consejo Honorario Asesor de radio y TV comunitaria
APU, 27 de mayo de 2009
lunes, 25 de mayo de 2009
Se acelera el tratamiento de Ley de Prensa
El miércoles 20 de mayo una delgación integrada por representantes de APU y de Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales el Uruguay) se reunió con los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados a quienes se les planteó la necesidad de que el proyecto que modifica la ley de prensa sea aprobado por la cámara baja.
Tras escuchar a la delegación, los legisladores mostraron la intención de apruar el tratamiento y aprobación del proyecto.
El texto declara de “interés general la promoción de la actividad de los medios de comunicación, así como la actividad de sus periodistas y trabajadores de la prensa en general, tanto de los medios escritos como radiales y televisivos”.
También declara el 3 de mayo de cada año como “Día Nacional de la Libertad de Prensa”.
El proyecto despenaliza la divulgación de informaciones y opiniones de interés general, admite la prueba de verdad para todos los delitos de comunicación cuando la información divulgada es de “interés público” y deroga el delito de ofensa a un jefe extranjero.
La iniciativa mantiene el derecho a réplica y reforma el delito de desacato por ofensas para quien “menoscabe” la autoridad de los funcionarios públicos, al tiempo que deroga un viejo Decreto ley por el cual se castigaba con prisión a quien “no guarde el respeto debido en lugar público o abierto o expuesto al público, a la bandera, al escudo o al himno nacional”.
APU, 23 de mayo de 2009
Tras escuchar a la delegación, los legisladores mostraron la intención de apruar el tratamiento y aprobación del proyecto.
El texto declara de “interés general la promoción de la actividad de los medios de comunicación, así como la actividad de sus periodistas y trabajadores de la prensa en general, tanto de los medios escritos como radiales y televisivos”.
También declara el 3 de mayo de cada año como “Día Nacional de la Libertad de Prensa”.
El proyecto despenaliza la divulgación de informaciones y opiniones de interés general, admite la prueba de verdad para todos los delitos de comunicación cuando la información divulgada es de “interés público” y deroga el delito de ofensa a un jefe extranjero.
La iniciativa mantiene el derecho a réplica y reforma el delito de desacato por ofensas para quien “menoscabe” la autoridad de los funcionarios públicos, al tiempo que deroga un viejo Decreto ley por el cual se castigaba con prisión a quien “no guarde el respeto debido en lugar público o abierto o expuesto al público, a la bandera, al escudo o al himno nacional”.
APU, 23 de mayo de 2009
viernes, 22 de mayo de 2009
Tienen mucho en común
A muchos gobiernos latinoamericanos con tendencias autoritarias no les gusta la libertad de prensa. Nunca han comprendido bien que ella es esencial para el normal funcionamiento del sistema democrático. O, por haberlo comprendido, en vez de respetarla, le temen, pues un amplio e irrestricto ejercicio de la libertad de difusión del pensamiento controla, obstaculiza y pone en evidencia sus propósitos ocultos, por cierto nada democráticos y muy poco republicanos.
En Uruguay, en estos últimos años, se han dado casos notorios de hostigamiento a los medios de comunicación. No bien surge un tema susceptible de afectar la popularidad del gobierno, la culpa se le atribuye a la prensa, porque informa a la ciudadanía, como es su deber y su razón de ser. La impotencia o ineficiencia de las autoridades para resolver los problemas, se encubre con la inmediata politización y la atribución de intenciones a los periodistas. Un ejemplo bien evidente lo ofrece el Ministerio del Interior que, acuciado y desbordado por la inseguridad, no cesa en sus ataques a los comunicadores, a los informativos, y aun a la crónica policial de la prensa, pretendiendo con ello disimular su incompetencia y su fracaso. Se le adjudica intencionalidad política a una modalidad periodística que siempre existió, porque la gente, con toda razón, quiere saber lo que está pasando.
Esta situación, de la que nos hemos ocupado en más de una oportunidad, no es exclusiva de nuestro país. Hace unas semanas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), institución que desde hace 47 años nuclea a la gran mayoría de los diarios, periódicos y revistas de ese país, emitió una declaración sobre la situación de grave deterioro de la libertad de prensa que vive Argentina. Allí se señala que, en un contexto de crisis republicana, la actividad de los medios se desenvuelve con serios condicionamientos, presiones abiertas o solapadas, interferencias en las comunicaciones, trabas a la circulación física de los periódicos, agresiones verbales con destinatarios directos, o amenazas fiscales o regulatorias. A ello se suma la distribución arbitraria de la publicidad oficial, beneficiando o castigando a los medios según el tono de sus opiniones editoriales.
Bien sabemos que la independencia de un medio se puede tentar con beneficios o prebendas, a veces indirectas, o acallar mediante el estrangulamiento económico.
Con diarios empobrecidos se dificulta la libertad de prensa. Pero como bien señala Adepa, con medios “enriquecidos por el favor oficial la libertad de prensa directamente desaparece”. Los medios argentinos han llegado a la conclusión de que el periodismo es visto por una parte del gobierno como un enemigo a derrotar.
Esta declaración de la asociación ha recibido el apoyo de importantes periodistas argentinos. Joaquín Morales Solá, distinguido columnista de La Nación y director del programa de televisión Desde el llano, ha dicho que se está viviendo “el peor momento en cuanto a la libertad de prensa existente en el país desde 1983, por la intencionalidad permanente de las descalificaciones, las agresiones y los intentos de coartar la libertad de prensa”, agregando que hay un permanente intento de “descalificar a los periodistas con alusiones peyorativas y operaciones de prensa hechas para desinformar”. En el mismo sentido se expresaron, entre otros, el doctor Nelson Castro, Pepe Eliaschev, Ricardo Kirschbaum, director del diario Clarín, Daniel Capalbo, secretario de redacción de Crítica, Jorge Lanata, y Jorge Fontevecchia, director de Noticias y Perfil.
Esas actitudes de las autoridades argentinas, las mismas que bloquean el uso de los puentes y niegan el dragado del canal Martín Garcia, tienen sin embargo parentesco y similitud con la actitud exhibida por varios miembros del gobierno frenteamplista. Y ello no es fruto de la casualidad. Por el contrario, proviene de expresas coincidencias, ideológicas y políticas, que trascienden personas, estilos y fronteras. Allí está el presidente venezolano, el marxista Hugo Chávez, para confirmarlo. Hace pocos días, en ocasión de su visita a Buenos Aires para apoyar a los Kirchner, lanzó un furibundo ataque contra el canal de televisión privado Globovisión, amenazándolo con la precariedad del uso de las frecuencias radioeléctricas y acusándolo de hacer terrorismo, porque no le gusta cómo informa; y todo ello al estilo de su anterior escalada contra Radio Caracas Televisión, hoy ya en manos del gobierno.
Ciertos mandatarios latinoamericanos de orientación marxista –cómo olvidar a Fidel Castro–, y algunos que hoy se postulan como candidatos, tienen mucho en común.
Sus criterios atentan contra la libertad de prensa y son incompatibles con la democracia liberal y las instituciones que la tutelan. No lo olvidemos. No nos dejemos engañar, usemos bien nuestro voto. Es mucho lo que está en juego para nuestro querido país.
El Observador, 22 de mayo de 2009 - Eduardo Héguy Terra
En Uruguay, en estos últimos años, se han dado casos notorios de hostigamiento a los medios de comunicación. No bien surge un tema susceptible de afectar la popularidad del gobierno, la culpa se le atribuye a la prensa, porque informa a la ciudadanía, como es su deber y su razón de ser. La impotencia o ineficiencia de las autoridades para resolver los problemas, se encubre con la inmediata politización y la atribución de intenciones a los periodistas. Un ejemplo bien evidente lo ofrece el Ministerio del Interior que, acuciado y desbordado por la inseguridad, no cesa en sus ataques a los comunicadores, a los informativos, y aun a la crónica policial de la prensa, pretendiendo con ello disimular su incompetencia y su fracaso. Se le adjudica intencionalidad política a una modalidad periodística que siempre existió, porque la gente, con toda razón, quiere saber lo que está pasando.
Esta situación, de la que nos hemos ocupado en más de una oportunidad, no es exclusiva de nuestro país. Hace unas semanas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), institución que desde hace 47 años nuclea a la gran mayoría de los diarios, periódicos y revistas de ese país, emitió una declaración sobre la situación de grave deterioro de la libertad de prensa que vive Argentina. Allí se señala que, en un contexto de crisis republicana, la actividad de los medios se desenvuelve con serios condicionamientos, presiones abiertas o solapadas, interferencias en las comunicaciones, trabas a la circulación física de los periódicos, agresiones verbales con destinatarios directos, o amenazas fiscales o regulatorias. A ello se suma la distribución arbitraria de la publicidad oficial, beneficiando o castigando a los medios según el tono de sus opiniones editoriales.
Bien sabemos que la independencia de un medio se puede tentar con beneficios o prebendas, a veces indirectas, o acallar mediante el estrangulamiento económico.
Con diarios empobrecidos se dificulta la libertad de prensa. Pero como bien señala Adepa, con medios “enriquecidos por el favor oficial la libertad de prensa directamente desaparece”. Los medios argentinos han llegado a la conclusión de que el periodismo es visto por una parte del gobierno como un enemigo a derrotar.
Esta declaración de la asociación ha recibido el apoyo de importantes periodistas argentinos. Joaquín Morales Solá, distinguido columnista de La Nación y director del programa de televisión Desde el llano, ha dicho que se está viviendo “el peor momento en cuanto a la libertad de prensa existente en el país desde 1983, por la intencionalidad permanente de las descalificaciones, las agresiones y los intentos de coartar la libertad de prensa”, agregando que hay un permanente intento de “descalificar a los periodistas con alusiones peyorativas y operaciones de prensa hechas para desinformar”. En el mismo sentido se expresaron, entre otros, el doctor Nelson Castro, Pepe Eliaschev, Ricardo Kirschbaum, director del diario Clarín, Daniel Capalbo, secretario de redacción de Crítica, Jorge Lanata, y Jorge Fontevecchia, director de Noticias y Perfil.
Esas actitudes de las autoridades argentinas, las mismas que bloquean el uso de los puentes y niegan el dragado del canal Martín Garcia, tienen sin embargo parentesco y similitud con la actitud exhibida por varios miembros del gobierno frenteamplista. Y ello no es fruto de la casualidad. Por el contrario, proviene de expresas coincidencias, ideológicas y políticas, que trascienden personas, estilos y fronteras. Allí está el presidente venezolano, el marxista Hugo Chávez, para confirmarlo. Hace pocos días, en ocasión de su visita a Buenos Aires para apoyar a los Kirchner, lanzó un furibundo ataque contra el canal de televisión privado Globovisión, amenazándolo con la precariedad del uso de las frecuencias radioeléctricas y acusándolo de hacer terrorismo, porque no le gusta cómo informa; y todo ello al estilo de su anterior escalada contra Radio Caracas Televisión, hoy ya en manos del gobierno.
Ciertos mandatarios latinoamericanos de orientación marxista –cómo olvidar a Fidel Castro–, y algunos que hoy se postulan como candidatos, tienen mucho en común.
Sus criterios atentan contra la libertad de prensa y son incompatibles con la democracia liberal y las instituciones que la tutelan. No lo olvidemos. No nos dejemos engañar, usemos bien nuestro voto. Es mucho lo que está en juego para nuestro querido país.
El Observador, 22 de mayo de 2009 - Eduardo Héguy Terra
jueves, 7 de mayo de 2009
Presidente de APU: “No hay una política oficial de presiones a los periodistas, más allá de incidentes aislados”
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Grupo Medios y Sociedad realizó una entrevista con el Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Víctor Abelando, para conocer su opinión sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay
- Teniendo en cuenta el Relatorio 2008 de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), en el que plantean que a veces el Poder Judicial frena algunos avances legislativos que ha habido, ¿cómo se están llevando a cabo las implementaciones de esas normativas aprobadas?
- En el Interior el Poder Judicial es un problema, no tanto en la capital. En el Interior hay mayor sensibilidad ante el poder, porque tiene nombre y apellido, se conocen los hábitos que tiene, uno se lo puede cruzar en la calle o en cualquier lugar.
En cuanto a la implementación de los avances, creo que se empieza a caminar. Habrá que evaluarlo en un período más largo. En 2009 no hemos tenido casos de denuncia judicial, sí hemos tenido casos de persecución patronal.
- ¿Qué avances se podrían destacar en nuestro país en materia de información y comunicación?
- Hay mayor acceso a la información, con sus limitaciones, pero es un avance. También en que no hay presiones a periodistas, como solía ocurrir anteriormente. Sobre todo sobre los medios, en el sentido de llamadas telefónicas. Más allá de algún incidente aislado –tenemos dos en los últimos días– pero que no son parte de una política oficial sino que provienen de desconocer cómo es el trabajo periodístico.
El periodista tiene que hacer todo lo posible por conocer lo que alguien quiere que no conozca. Toda investigación genera problemas, y a veces las reacciones no son las correctas. Pero no hay una política en ese sentido, que ya no la hubo en el gobierno de Jorge Batlle.
- ¿Qué otros avances podrías destacar?
- Los otros avances están dados en función de las condiciones de trabajo. La instalación de los Consejos de Salarios, la categorización de funciones, más allá que se conozcan o no. Hay algunos lugares de trabajo en los que se desconoce, el interior del país es un drama, pero también lo hay en la capital. Además, sobre todo en las radios, se está dando la multifuncionalidad: una misma persona es operador y locutor, entre otras cosas.
Si uno mira la situación de los medios de comunicación antes y después de los Consejos de Salarios, no sólo ha habido un incremento en el salario real, sino una categorización de tareas que no estaba establecida.
- En cuanto al proyecto de ley modificativo de la actual Ley de Prensa, en términos conceptuales, ¿qué opinión te merece esa discusión?
- Está claro que la Justicia Penal no puede intervenir en cosas de este estilo. Hay casos como el de Dogliani en Paysandú hace unos años, un periodista que denuncia una estafa comprobada en la administración pública.
Este proyecto tiene cosas que son importantes, pero también digo que el periodista no debe tener impunidad. Así como hay un extremo, hay otro.
Hay un chiste muy famoso que cuenta que en un medio de comunicación están por cubrir un puesto, y luego de que varios aspirantes han pasado por la entrevista, a uno de ellos el Director le dice: “escriba sobre Jesucristo”, a lo que el aspirante pregunta: “¿a favor o en contra?”. “El puesto es suyo”, dice el Director.
Independientemente de esto, no se deben judicializar temas de información, pero también debe existir el derecho a respuesta. El periodista no puede ser impune y decir cualquier cosa, aunque tampoco puede existir un sector de la sociedad de la que no se pueda decir nada sobre ella.
En el Interior uno de los factores que limita esto es la cercanía con los distintos actores relevantes, esa cosa semifeudal en la que la misma persona es dueña de la radio, el supermercado, lo que hace muy difícil el trabajo de los compañeros.
- En materia de asignación de publicidad oficial, el GMS ha elaborado una propuesta de proyecto de ley al respecto. ¿Cuál es tu postura ante este tema?
- La publicidad oficial tiene dos extremos. Uno es lo que sucedió entre ANCAP y el semanario Patria, que se descubrió en función de la Comisión Investigadora sobre los Entes que hay en el Parlamento sobre este tema. Esto responde a un vicio de cómo se debe funcionar con la publicidad oficial.
Lo otro es una norma establecida que también me parece extrema en algún sentido, que la publicidad oficial se adjudique en función de tiraje, audiencia, ese tipo de cosas. Aparentemente sería lo más normal, porque no está determinada por afinidad del gobernante sino por la realidad del mercado. Pero es un problema que exclusivamente la realidad del mercado determine la publicidad oficial.
Eso implica, para medios alternativos o que no tienen poder económico o partidos políticos detrás, un problema. La política del Estado debe tender a la ampliación de los medios de comunicación y a que la sociedad civil, o agentes que no son los naturales, participen en la cosa informativa.
Regirse exclusivamente por las reglas del mercado no asegura la democratización de los medios de comunicación, eso facilitaría la concentración. ¿Cuál es la alternativa? Está claro que no puede ser de acuerdo a afinidad ideológica, tampoco puede ser exclusivamente en función de las normas del mercado. Hay un espacio para encontrar una fórmula con contrapartidas para que la publicidad sirva –y esto puede sonar un poco hereje– para fomentar la ampliación del espectro de medios de comunicación que se ofertan a la sociedad.
Hay que buscar un mecanismo discutido en toda la sociedad, no puede ser decisión de un gobierno. En algunos países hay fomento de los medios de comunicación. Fruto de la crisis, Sarkozy multiplicó por 8 los subsidios a la prensa. Aquí no hay medidas de apoyo a la prensa, que es la que más sufre en momentos de crisis, a diferencia de la radio o la televisión.
Así como uno puede decir que la industria textil o la de autopartes son importantes y se las debe ayudar, hay que fijar una política con los medios de comunicación porque así como cierran fábricas, que los medios se concentren en pocas manos es negativo para la democracia. Hay una falla del Estado en este sentido.
Una de esas políticas puede venir de la mano de la asignación de la publicidad oficial, o a través de la distribución –que es monopólica en Montevideo–.
Otro de los avances se da con la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, pero con los medios que son centrales, que son el núcleo duro de la comunicación en Uruguay, no hay una política definida.
- ¿Qué es lo que tiene saldado APU en cuanto a este tema de la asignación de publicidad oficial?
- APU tiene una postura de que debe regirse no en función de afinidad ideológica o de la importancia del medio. Tiene que ser por lo menos equitativa la publicidad, no puede deberse a favores o ese tipo de cosas.
Cuando desde algunos sectores se plantea que debe regirse en función del tiraje o de la audiencia, hay una parte de razón pero no toda. Hay algo más allá que las simples reglas del mercado que obligan a tener políticas distintas, equitativas. Esto no quiere decir que sean tratados todos por igual, sino en función de lo que necesitan.
Empezamos a discutir el tema hace dos sesiones del Consejo Central de APU, pero me parece que la publicidad oficial tiene que insertarse en el marco de una política de medios que no hay.
- La crisis económica que está afectando a varios países, y que tú mencionaste, ¿cómo repercutirá en la prensa escrita, dado que es el sector más vulnerable, tal como lo planteaste?
- Nosotros tenemos planteos que han aparecido en algunas empresas con posibilidades de seguro de paro a nivel de prensa, y algunas medidas que se están tomando como la conformación de unipersonales, lo que significa no pagar aporte patronal por parte de los propietarios.
El problema que se puede volver a plantear es el de la flexibilización laboral. Los más afectados por la crisis –a medida que vaya llegando– serán los productos que se exportan, de hecho la industria ya lo está sufriendo. Entonces, lo primero que se dejan de comprar son los diarios.
La coincidencia de factores no resueltos más la coyuntura del efecto de la crisis va a ser un problema para los medios de comunicación impresos, a pesar de que no hay datos –por ejemplo– de que haya una disminución en la publicidad. Acá, ante aspectos críticos, la salida que se encuentra es la reducción salarial o la flexibilización.
Si el escenario del país llega a ser de recesión, lo vamos a sentir, si bien estamos en mejores condiciones que en 2002 para afrontar la eventual crisis.
- ¿Tienen alguna investigación en curso respecto a la situación de los medios de comunicación ante esta posible situación de crisis económica?
- Hace unas semanas se empezó a hacer un estudio –que no está terminado todavía– Consejo por Consejo: uno de Radio, otro de Televisión, otro de Agencias Internacionales y uno de Prensa. Están elaborando informes para ver cómo está la situación, y dentro de –aproximadamente– una semana estaría terminado.
A modo de resumen, lo que está faltando es una política sobre los medios, que uno espera de un gobierno de izquierda, que no sea el mercado el que exclusivamente determine. Así como habrá un canal para el PIT-CNT, la Universidad de la República, que es una medida positiva, también debe haber medidas que faciliten la aparición de prensa alternativa, independiente. Toda la prensa alternativa está con problemas: la diaria, Brecha, y si no los tienen es porque no se cumplen algunas cosas que tienen que cumplir.
Toda política que se tome desde el Estado debe tener una contrapartida, para no terminar como aquello de las carteras pesadas: se destinan préstamos que no se utilizan en lo que estaba previsto,el dinero termina en el exterior y la deuda se socializa.
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Reseña personal
Víctor Abelando nació en Montevideo en 1953. Durante su juventud cursó estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, paralelamente a su actividad gremial como dirigente de la Federación de Estudianets Universitarios del Uruguay (FEUU). Se vio obligado a abandonar sus estudios debido al golpe de Estado del 27 de junio de 1973, con el que se inició una dictadura cívico-militar que se prolongó durante 12 años, período en el cual Abelando estuvo como preso político.
Al momento de la restauración democrática, inició estudios de Historia, pero los abandonó.
Como periodista se desempeñó, entre otros lugares, en el diario La República desde 1997 hasta 2003 y actualmente escribe en el semanario Brecha, lugar en el que colaboró entre 1995 y 1997. A su vez, hoy ocupa el cargo de Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
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MÁS INFORMACIÓN
- Ley de Prensa - Para más información sobre este proyecto de ley: "Gobierno envía al Parlamento proyecto para despenalizar varias figuras que limitan la libertad de expresión"
- Proyecto de ley modificativo - Ver el Proyecto de Ley modificativo, con fecha 29 de setiembre de 2008
- APU - Nueva Web de la Asociación de la Prensa Uruguaya
- Relatorio 2008 - Ver el Relatorio de APU en formato PDF
GMS, 07 de mayo de 2009 - Entrevista de Fernando Gelves
- Teniendo en cuenta el Relatorio 2008 de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), en el que plantean que a veces el Poder Judicial frena algunos avances legislativos que ha habido, ¿cómo se están llevando a cabo las implementaciones de esas normativas aprobadas?
- En el Interior el Poder Judicial es un problema, no tanto en la capital. En el Interior hay mayor sensibilidad ante el poder, porque tiene nombre y apellido, se conocen los hábitos que tiene, uno se lo puede cruzar en la calle o en cualquier lugar.
En cuanto a la implementación de los avances, creo que se empieza a caminar. Habrá que evaluarlo en un período más largo. En 2009 no hemos tenido casos de denuncia judicial, sí hemos tenido casos de persecución patronal.
- ¿Qué avances se podrían destacar en nuestro país en materia de información y comunicación?
- Hay mayor acceso a la información, con sus limitaciones, pero es un avance. También en que no hay presiones a periodistas, como solía ocurrir anteriormente. Sobre todo sobre los medios, en el sentido de llamadas telefónicas. Más allá de algún incidente aislado –tenemos dos en los últimos días– pero que no son parte de una política oficial sino que provienen de desconocer cómo es el trabajo periodístico.
El periodista tiene que hacer todo lo posible por conocer lo que alguien quiere que no conozca. Toda investigación genera problemas, y a veces las reacciones no son las correctas. Pero no hay una política en ese sentido, que ya no la hubo en el gobierno de Jorge Batlle.
- ¿Qué otros avances podrías destacar?
- Los otros avances están dados en función de las condiciones de trabajo. La instalación de los Consejos de Salarios, la categorización de funciones, más allá que se conozcan o no. Hay algunos lugares de trabajo en los que se desconoce, el interior del país es un drama, pero también lo hay en la capital. Además, sobre todo en las radios, se está dando la multifuncionalidad: una misma persona es operador y locutor, entre otras cosas.
Si uno mira la situación de los medios de comunicación antes y después de los Consejos de Salarios, no sólo ha habido un incremento en el salario real, sino una categorización de tareas que no estaba establecida.
- En cuanto al proyecto de ley modificativo de la actual Ley de Prensa, en términos conceptuales, ¿qué opinión te merece esa discusión?
- Está claro que la Justicia Penal no puede intervenir en cosas de este estilo. Hay casos como el de Dogliani en Paysandú hace unos años, un periodista que denuncia una estafa comprobada en la administración pública.
Este proyecto tiene cosas que son importantes, pero también digo que el periodista no debe tener impunidad. Así como hay un extremo, hay otro.
Hay un chiste muy famoso que cuenta que en un medio de comunicación están por cubrir un puesto, y luego de que varios aspirantes han pasado por la entrevista, a uno de ellos el Director le dice: “escriba sobre Jesucristo”, a lo que el aspirante pregunta: “¿a favor o en contra?”. “El puesto es suyo”, dice el Director.
Independientemente de esto, no se deben judicializar temas de información, pero también debe existir el derecho a respuesta. El periodista no puede ser impune y decir cualquier cosa, aunque tampoco puede existir un sector de la sociedad de la que no se pueda decir nada sobre ella.
En el Interior uno de los factores que limita esto es la cercanía con los distintos actores relevantes, esa cosa semifeudal en la que la misma persona es dueña de la radio, el supermercado, lo que hace muy difícil el trabajo de los compañeros.
- En materia de asignación de publicidad oficial, el GMS ha elaborado una propuesta de proyecto de ley al respecto. ¿Cuál es tu postura ante este tema?
- La publicidad oficial tiene dos extremos. Uno es lo que sucedió entre ANCAP y el semanario Patria, que se descubrió en función de la Comisión Investigadora sobre los Entes que hay en el Parlamento sobre este tema. Esto responde a un vicio de cómo se debe funcionar con la publicidad oficial.
Lo otro es una norma establecida que también me parece extrema en algún sentido, que la publicidad oficial se adjudique en función de tiraje, audiencia, ese tipo de cosas. Aparentemente sería lo más normal, porque no está determinada por afinidad del gobernante sino por la realidad del mercado. Pero es un problema que exclusivamente la realidad del mercado determine la publicidad oficial.
Eso implica, para medios alternativos o que no tienen poder económico o partidos políticos detrás, un problema. La política del Estado debe tender a la ampliación de los medios de comunicación y a que la sociedad civil, o agentes que no son los naturales, participen en la cosa informativa.
Regirse exclusivamente por las reglas del mercado no asegura la democratización de los medios de comunicación, eso facilitaría la concentración. ¿Cuál es la alternativa? Está claro que no puede ser de acuerdo a afinidad ideológica, tampoco puede ser exclusivamente en función de las normas del mercado. Hay un espacio para encontrar una fórmula con contrapartidas para que la publicidad sirva –y esto puede sonar un poco hereje– para fomentar la ampliación del espectro de medios de comunicación que se ofertan a la sociedad.
Hay que buscar un mecanismo discutido en toda la sociedad, no puede ser decisión de un gobierno. En algunos países hay fomento de los medios de comunicación. Fruto de la crisis, Sarkozy multiplicó por 8 los subsidios a la prensa. Aquí no hay medidas de apoyo a la prensa, que es la que más sufre en momentos de crisis, a diferencia de la radio o la televisión.
Así como uno puede decir que la industria textil o la de autopartes son importantes y se las debe ayudar, hay que fijar una política con los medios de comunicación porque así como cierran fábricas, que los medios se concentren en pocas manos es negativo para la democracia. Hay una falla del Estado en este sentido.
Una de esas políticas puede venir de la mano de la asignación de la publicidad oficial, o a través de la distribución –que es monopólica en Montevideo–.
Otro de los avances se da con la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, pero con los medios que son centrales, que son el núcleo duro de la comunicación en Uruguay, no hay una política definida.
- ¿Qué es lo que tiene saldado APU en cuanto a este tema de la asignación de publicidad oficial?
- APU tiene una postura de que debe regirse no en función de afinidad ideológica o de la importancia del medio. Tiene que ser por lo menos equitativa la publicidad, no puede deberse a favores o ese tipo de cosas.
Cuando desde algunos sectores se plantea que debe regirse en función del tiraje o de la audiencia, hay una parte de razón pero no toda. Hay algo más allá que las simples reglas del mercado que obligan a tener políticas distintas, equitativas. Esto no quiere decir que sean tratados todos por igual, sino en función de lo que necesitan.
Empezamos a discutir el tema hace dos sesiones del Consejo Central de APU, pero me parece que la publicidad oficial tiene que insertarse en el marco de una política de medios que no hay.
- La crisis económica que está afectando a varios países, y que tú mencionaste, ¿cómo repercutirá en la prensa escrita, dado que es el sector más vulnerable, tal como lo planteaste?
- Nosotros tenemos planteos que han aparecido en algunas empresas con posibilidades de seguro de paro a nivel de prensa, y algunas medidas que se están tomando como la conformación de unipersonales, lo que significa no pagar aporte patronal por parte de los propietarios.
El problema que se puede volver a plantear es el de la flexibilización laboral. Los más afectados por la crisis –a medida que vaya llegando– serán los productos que se exportan, de hecho la industria ya lo está sufriendo. Entonces, lo primero que se dejan de comprar son los diarios.
La coincidencia de factores no resueltos más la coyuntura del efecto de la crisis va a ser un problema para los medios de comunicación impresos, a pesar de que no hay datos –por ejemplo– de que haya una disminución en la publicidad. Acá, ante aspectos críticos, la salida que se encuentra es la reducción salarial o la flexibilización.
Si el escenario del país llega a ser de recesión, lo vamos a sentir, si bien estamos en mejores condiciones que en 2002 para afrontar la eventual crisis.
- ¿Tienen alguna investigación en curso respecto a la situación de los medios de comunicación ante esta posible situación de crisis económica?
- Hace unas semanas se empezó a hacer un estudio –que no está terminado todavía– Consejo por Consejo: uno de Radio, otro de Televisión, otro de Agencias Internacionales y uno de Prensa. Están elaborando informes para ver cómo está la situación, y dentro de –aproximadamente– una semana estaría terminado.
A modo de resumen, lo que está faltando es una política sobre los medios, que uno espera de un gobierno de izquierda, que no sea el mercado el que exclusivamente determine. Así como habrá un canal para el PIT-CNT, la Universidad de la República, que es una medida positiva, también debe haber medidas que faciliten la aparición de prensa alternativa, independiente. Toda la prensa alternativa está con problemas: la diaria, Brecha, y si no los tienen es porque no se cumplen algunas cosas que tienen que cumplir.
Toda política que se tome desde el Estado debe tener una contrapartida, para no terminar como aquello de las carteras pesadas: se destinan préstamos que no se utilizan en lo que estaba previsto,el dinero termina en el exterior y la deuda se socializa.
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Reseña personal
Víctor Abelando nació en Montevideo en 1953. Durante su juventud cursó estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, paralelamente a su actividad gremial como dirigente de la Federación de Estudianets Universitarios del Uruguay (FEUU). Se vio obligado a abandonar sus estudios debido al golpe de Estado del 27 de junio de 1973, con el que se inició una dictadura cívico-militar que se prolongó durante 12 años, período en el cual Abelando estuvo como preso político.Al momento de la restauración democrática, inició estudios de Historia, pero los abandonó.
Como periodista se desempeñó, entre otros lugares, en el diario La República desde 1997 hasta 2003 y actualmente escribe en el semanario Brecha, lugar en el que colaboró entre 1995 y 1997. A su vez, hoy ocupa el cargo de Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
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MÁS INFORMACIÓN
- Ley de Prensa - Para más información sobre este proyecto de ley: "Gobierno envía al Parlamento proyecto para despenalizar varias figuras que limitan la libertad de expresión"
- Proyecto de ley modificativo - Ver el Proyecto de Ley modificativo, con fecha 29 de setiembre de 2008
- APU - Nueva Web de la Asociación de la Prensa Uruguaya
- Relatorio 2008 - Ver el Relatorio de APU en formato PDF
GMS, 07 de mayo de 2009 - Entrevista de Fernando Gelves
martes, 5 de mayo de 2009
GMS saluda a periodistas y comunicadores/as en el Día Mundial de la Libertad de Prensa
El Grupo Medios y Sociedad (GMS) saluda a todos/as los/as periodistas y comunicadores/as del mundo sumándose a la consigna de la UNESCO llamando al diálogo y al entendimiento mutuo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa declarado por la Organización de las Naciones Unidas en 1993. [ver nota completa]
GMS, 04 de mayo de 2009
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