Tribunal rechazó la demanda del empresario prófugo Sofía

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil (TAC) de 2º Turno confirmó "en todos sus términos" la sentencia de primera instancia por la cual se rechazó la millonaria demanda entablada por el ex integrante del Escuadrón de la Muerte,-actualente prófugo- Miguel Sofía, contra el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) por la revocación de la concesión para la explotación de televisión por cable en Ciudad de la Costa.

En este sentido, el TAC fundamenta su resolución en los mismos argumentos utilizados por la jueza de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno, Cristina Cabrera, al rechazar la demanda: la caducidad de la acción reparatoria, la nulidad del acto administrativo por el cual se resolvió la adjudicación resuelta por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el no agotamiento de la vía administrativa. Asimismo, la sentencia determina que el daño causado al demandante es lícito y legítimo, y por tanto no reparable, y la inexistencia de nexo causal entre el daño invocado y la acción de la administración.

Los hechos se remontan a 1993 cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle otorgó permisos para la explotación del servicio de TV para abonados en el interior del país. Sofía y su esposa Ana Troncoso fueron beneficiados por una adjudicación firmada por el subdirector de Comunicaciones de Defensa, Hugo Permuy Britos, pero el acto fue revocado "por irregular" por el director del servicio al retornar de su licencia.

Sofía y sus socios demandaron entonces al MDN por "los daños y perjuicios" ocasionados por la resolución. La demanda alcanzó los 234 millones de dólares y fue ideada por Permuy Brito, posteriormente procesado por este hecho. El MDN no respondió la demanda y el juicio se complicó, ante lo cual el Estado resolvió la contratación de los abogados Juan Andrés Ramírez y Alejandro Abal.

Los abogados sustentaron la defensa en aspectos meramente procesales, ante la imposibilidad de discutir la prueba, por lo cual la defensa solamente se basó en la interpretación del derecho y no de hechos, dijo Ramírez en diálogo con LA REPUBLICA.El abogado se mostró "satisfecho" con la resolución judicial porque refiere a un proceso en el que "el Estado fue demandado en forma injusta" y la defensa asumió el litigio ante una "situación muy complicada de indefensión". "Es una enorme satisfacción por el tema, el monto y la injusticia de lo reclamado (y) era una infamia perder un juicio por un monto de esa naturaleza por la indefensión del Estado", indicó Ramírez.

Los demandantes pueden recurrir la sentencia en casación ante la Suprema Corte de Justicia.


La República, 15 de abril de 2010