La Suprema Corte de Justicia (SCJ) podría tener que resolver en el reclamo de US$ 238 millones contra el Ministerio de Defensa, presentado por el empresario Miguel Sofía y su esposa, a raíz de los perjuicios que alegan haber sufrido cuando fueron autorizados a prestar servicios de televisión para abonados en varias zonas de Montevideo, San José y Canelones, que luego les fue revocado.
El diferendo se inició en 1993, pero el juicio se inició en 1998, transformándose en la reclamación civil más importante contra el Estado.
El año pasado, la Justicia rechazó la indemnización, y esta semana esa decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones Civil de 2° Turno.
El Ministerio de Defensa fue defendido en este caso por los abogados Juan Andrés Ramírez y Alejandro Abal.
El abogado de Sofía y su esposa, Luis Franzini Batlle, dijo a El País que está evaluando la posibilidad de recurrir a la SCJ mediante la presentación de un recurso de casación.
Se trata de un caso complejo porque "es un juicio iniciado hace muchos años, y que tiene un centro de interés muy importante", indicó el abogado.
Sofía, uno de los demandantes, actualmente se encuentra prófugo de la Justicia, y sobre él pesa un pedido de procesamiento por su presunta actuación en los Escuadrones de la Muerte en la década de 1970.
El País, 15 de abril de 2010
jueves, 15 de abril de 2010
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