Cables: solicitan solución por los decodificadores

La Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (Cuta) y la Asociación Nacional de Brodcasters Uruguayos (Andebu) expresaron su preocupación ante la creciente comercialización de decodificadores ilegales que simulan ser aparatos que reciben solamente señales satelitales gratuitas, pero que en realidad bajan canales codificados, lo que representa una competencia desleal para el sector.

En un comunicado, las gremiales expresaron su "total apoyo a todas aquellas acciones destinadas a combatir este tipo de prácticas ilegales y desleales", ya que perjudica a las 160 empresas que prestan servicios de televisión para abonados en todo el Uruguay, que generan empleos de manera directa e indirecta para 5.000 familias.

"Decodificar señales propiedad de terceros sin pagar por ellas, es un delito en Uruguay, que afecta además a las empresas de televisión para abonados formalmente establecidas en nuestro país, las que se ven así seriamente perjudicadas por esa práctica, ilícita y comercialmente desleal", afirma el comunicado.

A principios de abril, una empresa suiza que se dedica a elaborar el software que protege las señales satelitales, denunció ante el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz la comercialización de decodificadores que, en apariencia reciben únicamente señales gratuitas, pero en realidad cuentan con un dispositivo que les permite bajar señales codificadas, sin pagar al proveedor original.

Esos aparatos, que se encuentran a la venta en locales de Montevideo pero sobre todo en la zona de la frontera con Brasil, se venden a precios que oscilan entre US$ 200 y US$ 500, según la abogada Virginia Cervieri, representante de la empresa suiza que presentó la denuncia ante el magistrado Díaz.

Por orden judicial, la Aduana detuvo un contenedor con 3.000 aparatos que se encontraban en Uruguay "en tránsito" desde China hacia Paraguay. En su denuncia, Cervieri pidió la incautación y destrucción de los decodificadores.

Sin embargo, el juez Díaz todavía no resolvió sobre el punto, ya que ordenó la realización de una pericia técnica sobre la mercadería con el objetivo de determinar si efectivamente se trata del tipo de aparatos que reciben señales pagas de forma ilegal.


El País, 20 de abril de 2010