En el marco del proceso de construcción de un Código de Ética para la Profesión Periodística, la Asociación de la Prensa Uruguaya adoptó el viernes 12 de abril el proyecto puesto a consideración de su Asamblea General Extraordinaria. A continuación reproducimos el comunicado emitido por la APU en el día de la fecha; COMUNICADO 15 de abril de 2013 Paso histórico para la profesión periodística: se aprobó Código de Ética La Asamblea General de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) aprobó el viernes 12 de abril por amplia mayoría de presentes el Código de Ética de la Profesión Periodística, tras un exitoso proceso de debate, consulta y construcción de la primera autorregulación del periodismo en Uruguay. Luego de más de dos horas de debate, los asambleístas concluyeron que la aprobación de este mecanismo es un paso histórico para la profesionalización de los periodistas y la mejora de la calidad de la información en los medios de comunicación. La resolución que aprobó el Código de Ética estableció que es de plena observancia para todos los afiliados al sindicato; además, invita a los medios de comunicación y a otras gremiales vinculadas a la comunicación a adoptarlo como una referencia para el trabajo profesional. La Asamblea estableció que el Tribunal Arbitral de la institución, un órgano estatutario y elegido por el voto de sus afiliados, será el encargado de promover y aplicar el código. El Tribunal podrá designar comisiones consultivas para el estudio de situaciones y casos concretos. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Grupo Medios y Sociedad (GMS), formaron parte de este proyecto que incluyó debates en todo el país, estudios comparados, una encuesta a nivel nacional y un amplio período de consulta pública del borrador del Código. La iniciativa fue patrocinada por UNESCO a través del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (IPDC). Todos los participantes esperan que esta herramienta contribuya a desarrollar mejores estándares en el ejercicio de la profesión periodística y mecanismos de autorregulación en los medios, mediante la creación de defensorías de audiencias y otro tipo de mecanismos para evacuar las inquietudes de las audiencias. Sigue la moción aprobada en la asamblea Montevideo, 12 de abril de 2013 Resolución aprobada por la Asamblea Extraordinaria convocada por el Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) a los efectos de considerar la adopción de un Código de Ética Periodística: 1.- Apruébese el proyecto de Código de Ética Periodística presentado a la Asamblea que será de plena observancia para los afiliados de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). 2.- Establecer que el Tribunal Arbitral, como órgano estatutario y elegido por los socios, será el encargado de aplicar el referido código. Este órgano estará a cargo de la promoción, recepción de denuncias y emitir las decisiones pertinentes. Podrá asimismo, nombrar comisiones consultativas para analizar y estudiar asuntos referidos a la aplicación del Código. 3.- Invitar a los medios de comunicación, gremiales y organizaciones vinculadas a la comunicación a adoptar el presente Código como referencia para el ejercicio de la actividad periodística. Comunicar el Código aprobado a las gremiales empresariales que forman parte de los Consejos de Salarios en los que negocia la APU. 4.- Reconocer el trabajo de las organizaciones amigas que formaron parte del proceso de construcción del presente Código. 5.- Reconocer a la Oficina de Unesco en Montevideo por todo el apoyo brindado en el proceso de construcción del presente mecanismo de autorregulación.

GMS exhorta enviar el expediente sobre la presunta compra de 11 radios por parte del magnate Ángel González a la Justicia

COMUNICADO - Montevideo, 31 de octubre de 2012 Una nueva investigación periodística del equipo de No Toquen Nada (Océano FM) sobre la presunta compra y gestión de 11 radios AM y FM por parte del magnate Angel González, en fraude a la ley uruguaya y configurando una concentración de medios que no guarda antecedentes en la historia de la radiodifusión nacional. Los periodistas de No Toquen Nada avanzaron en dos asuntos cruciales: el empresario González estuvo en Uruguay en abril de 2011 y se reunió con el ministro Roberto Kreimerman, mientras la investigación estaba en curso. Con la firma del subsecretario Edgardo Ortuño se archivó tres meses atrás el expediente donde se investigaban algunas posibles ilegalidades en concesiones de radio. La decisión de archivar el expediente y no enviarlo a la Justicia fue en contra de la visión de los abogados del ministerio y de la asesoría jurídica. Estuvo amparada en un informe del fiscal de gobierno Miguel Ángel Toma, fue recurrida por el Grupo Medios y Sociedad (GMS) en agosto de este año y el mismo todavía no ha sido evacuado por el MIEM. GMS reitera que los indicios y pruebas existentes sobre el funcionamiento de este conglomerado como un sólo grupo, viola la ley, si además este conglomerado esta en manos de un extranjero, es un grave antecedente para la radiodifusión de Uruguay. Se deja pasar una concentración inadmisible, incluso a la luz de las pobres normas anti concentración actuales, se violan los estándares internacionales de libertad de expresión y se asiste a la consecuencias de la concentración en Uruguay. Varias radios del interior como Real de San Carlos o Cenit de Rivera, fueron vaciadas de buena parte del contenido informativo local y retransmiten los contenidos de Montevideo, perdiéndose fuentes de trabajo, (como en radio Futura donde se hecho al personal) en radios de Montevideo y el interior. La denuncia la realizó en 2009 el Grupo Medios y Sociedad. Allí se señaló que el propietario de todas las radios es el mexicano Ángel González. En la legislación vigente sólo los ciudadanos uruguayos pueden ser titulares de frecuencias de radio y televisión. Además, un solo titular puede tener en concesión un máximo de tres frecuencias, y en el caso de tener tres, no puede tenerlas en la misma banda (AM o FM). Los denunciantes señalaron que se violaban estos y otros artículos de la normativa. El decreto 734/78, que reglamentó la ley de Radiodifusión, en el artículo 15 establece que “las autorizaciones para la instalación y funcionamiento de los servicios de radiodifusión, se otorgarán con carácter personal, quedando en consecuencia prohibida, sin autorización del Poder Ejecutivo, toda negociación que implique directa o indirectamente, un cambio en la titularidad de las mismas. (…) Cuando las autorizadas sean (…) personas individuales, la conducción de la emisora en cuanto a programas y funcionamiento corresponderá y será de la exclusiva responsabilidad de aquellas personas autorizadas por el Poder Ejecutivo”. Respecto a la concentración, el artículo 12 establece que “una persona no puede ser beneficiaria a partir de la fecha, con la titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión; tampoco puede ser titular, total o parcialmente, de más de tres frecuencias de radiodifusión en total en las tres bandas citadas (AM – FM – TV)”. El área jurídica del ministerio consideró que había indicios de que las 11 radios pertenecían a un mismo conjunto económico. Esa resolución fue respaldada por su sala de abogados, además de que la Ursec había hecho una observación similar en su resolución. En lo que no parece haber confusión es en lo que dice el propio Fiscal de gobierno Miguel Ángel Toma que en parte de su informe destaca: "La administración no tiene, salvo que la ley se lo dé, la potestad de determinar la existencia de conjunto económico. Vale decir que la prescindencia de la personalidad unida al concepto del conjunto económico solo puede decidirse en el terreno judicial, salvo ley expresa en contrario". "En las dos presentaciones vistas está completamente vedado en el terreno del derecho administrativo común por ausencia de norma con lo que si la administración pretende movilizar el reconocimiento de un conjunto económico debería asistir a la justicia ordinaria". Sigue informe de No Toquen Nada – Océano FM extraído de Portal 180, 29 de octubre de 2012 Kreimerman desoyó pedido de revocar concesión de radios y archivó denuncia El ministro de Industria Roberto Kreimerman archivó un expediente donde se investigaban algunas posibles ilegalidades en concesiones de radio. Su decisión de no continuar con el expediente o enviarlo a la Justicia fue en contra de la visión de los abogados del ministerio y de la asesoría jurídica. La decisión fue recusada por los demandantes. Publicado el: 29 de octubre de 2012 a las 19:38 - Por: Redacción 180 - Informe de Gabriel Farías (No toquen nada) Además, Kreimerman se reunió con el empresario mexicano denunciado en el transcurso de la investigación y nunca informó de esa reunión a quienes investigaban. El ministro dijo a No toquen nada que con el mexicano hablaron de la “realidad del país”. Escuche el informe en Océanofm.com Ahora el Ministerio deberá responder a los demandantes, que interpusieron un recurso de revocación y jerárquico de la decisión del Ministerio de Industria de archivar la investigación. Paso a paso En junio el Ministerio de Industria ordenó archivar una investigación a pesar de que su área jurídica encontró indicios de ilegalidad y recomendó revocar la concesión de las radios del ex Grupo Sarandí y ex Grupo del Plata. La denuncia la realizó en 2009 el Grupo Medios y Sociedad. Allí se señaló que el propietario de todas las radios es el mexicano Ángel González. En la legislación vigente sólo los ciudadanos uruguayos pueden ser titulares de frecuencias de radio y televisión. Además, un solo titular puede tener en concesión un máximo de tres frecuencias, y en el caso de tener tres, no puede tenerlas en la misma banda (AM o FM). Los denunciantes señalaron que se violaban estos y otros artículos de la normativa. El decreto 734/78, que reglamentó la ley de Radiodifusión, en el artículo 15 establece que “las autorizaciones para la instalación y funcionamiento de los servicios de radiodifusión, se otorgarán con carácter personal, quedando en consecuencia prohibida, sin autorización del Poder Ejecutivo, toda negociación que implique directa o indirectamente, un cambio en la titularidad de las mismas. (…) Cuando las autorizadas sean (…) personas individuales, la conducción de la emisora en cuanto a programas y funcionamiento corresponderá y será de la exclusiva responsabilidad de aquellas personas autorizadas por el Poder Ejecutivo”. Respecto a la concentración, el artículo 12 establece que “una persona no puede ser beneficiaria a partir de la fecha, con la titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión; tampoco puede ser titular, total o parcialmente, de más de tres frecuencias de radiodifusión en total en las tres bandas citadas (OM – FM – TV)”. El área jurídica del ministerio consideró que había indicios de que las 11 radios pertenecían a un mismo conjunto económico. Esa resolución fue respaldada por su sala de abogados, además de que la Ursec había hecho una observación similar en su resolución. Luego del dictamen de los abogados, en dos instancias Kreimerman pidió una segunda opinión al fiscal de Gobierno, Miguel Ángel Toma, quien discrepó con la idea de revocar las licencias. Sin embargo, según el propio fallo del ministerio, Toma dijo que el tema se debe solucionar en el ámbito de la Justica Penal por falta de herramientas jurídicas. Kreimerman ignoró a los abogados del ministerio y también la posición de Toma y decidió archivar el expediente. El pasado viernes en No Toquen Nada el ministro reconoció que estuvo reunido en privado con el empresario mexicano Ángel González mientras este era investigado por el ministerio por ser el posible propietario de 11 radios de forma ilegal mediante testaferros. La historia La investigación se inició en 2009 por una denuncia del Grupo Medios y Sociedad ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. La ONG pidió a la URSEC que investigue si 11 radios de Montevideo y el interior fueron adquiridas por el empresario mexicano Ángel González a través de testaferros entre 2007 y 2008. La URSEC investigó y derivó el informe al Ministerio de Industria. Se trata de las emisoras del ex Grupo Sarandí (Radio Sarandí, Sport 890, Integración Americana y Radio Disney) y del ex Grupo del Plata (Emisora del Plata, Futura FM, FM Total, Radio Real de San Carlos de Colonia, Emisora Cenit de Rivera, Emisora Santa Rosa de Canelones y La Pedrera FM de Rocha). El periodista y abogado Edison Lanza, uno de los demandantes, dijo a No toquen nada que “los contenidos que producen Sarandí, Sport y demás pasaron a ser emitidos en las 10 y 11 emisoras de todo el país” y que “la publicidad se comercializa a través de una sola empresa”, por lo que “las decisiones las toma un empresario solo, que es Coelho, que es justamente el titular de las acciones de las radios de Grupo Sarandí”. Es por eso que “la titularidad real de todas las radios” y las decisiones sobre la programación, según Lanza, “están en un solo grupo económico”. Lo que se investigó es si un empresario mexicano controla 10 radios uruguayas sin autorización previa del gobierno. Hasta el 30 de julio de 2012 controlaba 11 emisoras, pero el ministerio revocó la concesión de Cenit FM de Rivera, que pertenecía a Miguel Sofía, por constatarse la ausencia prolongada del país del titular. La asesoría jurídica del Ministerio de Industria, en una decisión ratificada por la sala de abogados del ministerio, recomendó al ministro de Industria “dejar sin efecto las resoluciones que autorizaron la transferencia de titularidad de las emisoras involucradas”. Los grupos y las transferencias El Grupo del Plata era dirigido por Miguel Sofía junto con su esposa Ana María Troncoso y su hija Virginia Sofía Troncoso. Miguel Sofía está prófugo de la Justicia, pero antes pudo vender sus radios. La titularidad de tres de las emisoras del Grupo del Plata (Emisora del Plata, Futura y Real de San Carlos) fue transferida formalmente el 21 de enero de 2008 a José Carlos Molinari y Diego Martín de Luca, quienes serían testaferros del empresario mexicano Ángel González, según la demanda. Las emisoras del Grupo Sarandí fueron transferidas el 3 de noviembre del mismo año a Fernando Coelho. Según los demandantes, es el representante del empresario mexicano Ángel González en Uruguay, que hasta el momento se desempeñaba como director de programación del canal de televisión de González en Argentina (Canal 9). Ángel González preside el holding Albavisión. El grupo tiene presencia en 15 países latinoamericanos. Edison Lanza contó que González opera mediante la compra de emisoras de radio y televisión en toda la región. “Tiene tantos canales como emisoras de radio en todos los países de habla hispana. Le dicen “El Fantasma” González: opera en casi todos lados a través de testaferros o empresarios, pero es un muy poderoso imperio”, explicó Lanza. Según la investigación de Grupo Medios y Sociedad, poco después de concretarse el cambio de titularidad, las ex radios del Grupo del Plata trasladaron sus estudios a la sede de las ex radios del Grupo Sarandí (Enriqueta Compte y Rique 1250) y, en conjunto, las radios conformaron un nuevo grupo y centralizaron la gestión en torno a la sociedad comercial Mont Soleil S.A. La investigación del Grupo Medios y Sociedad logró confirmar que varias de las radios ofrecen y facturan publicidad a través de la sociedad comercial Mont Soleil. Esto fue ratificado por la Ursec. Los acusados como testaferros del mexicano, lo negaron durante la investigación y afirman que son los verdaderos propietarios de las radios. Lanza, sin embargo, explicó como denunciante que hay pruebas del propio González, que llegó a Uruguay en un proceso de expansión de su grupo en el Cono Sur. “Tenemos el dato de que estaba tratando de comprar un canal de televisión”, dijo Lanza. No toquen nada tiene también testimonios de periodistas de Futura FM y de radios del interior que fueron vaciadas. Se realizó una unificación del personal y centralización de la programación de las emisoras. Algunas radios se convirtieron en proveedoras de contenidos para los demás medios del grupo. Por ejemplo, las emisoras Cenit, Real de San Carlos, Santa Rosa y La Pedrera FM se convirtieron en repetidoras de programas producidos en Montevideo. Y en Montevideo, FM Total, del ex Grupo del Plata, comenzó a retransmitir Radio Sarandí. En base a la investigación presentada por los denunciantes y actuaciones propias, la Ursec encontró indicios de que las radios pertenecen a un solo grupo empresarial y pasó el caso a la órbita del Ministerio de Industria, donde recae la potestad de asignar o revocar concesiones. Los abogados del ministerio opinaron que había indicios de ilegalidad, pero el ministro pidió la opinión del fiscal de gobierno. Edison Lanza dijo que el Poder Ejecutivo se sacó la decisión de arriba. “Ante una situación que quema -porque uno no quería estar en los pies del que toma esa decisión- lo envía al fiscal de gobierno, quien emite un dictamen en el cual nosotros no compartimos una cantidad de conceptos y definiciones jurídicas que allí presenta, y en definitiva recomienda archivar”, explicó Lanza. Después del informe del fiscal de gobierno, el Ministerio de Industria -en su última actuación de este caso- decidió archivar la denuncia. El ministro Kreimerman tenía varias opciones: sus abogados en el ministerio le recomendaron revocar las licencias pero él decidió pedir una versión más al fiscal de gobierno. Sin embargo, el fiscal dijo que el tema es materia de la Justicia ordinaria. Según el ministro, “las actuaciones que se llevaron a cabo a partir de la denuncia fueron de acuerdo a la ley, del análisis de lo que constaba, de la posible existencia de un grupo empresarial y la determinación de distintos elementos”. Kreimerman dijo que “en este caso se determinó que correspondía el archive no por el tema básicamente de los elementos aportantes sino también porque se entendía, de acuerdo a las opiniones jurídicas, que se debía investigar en el ámbito adecuado la existencia de ese grupo”. Kreimerman puede enviar cualquier actuación sospechosa a la Justicia, más allá de lo administrativo. Los denunciantes dijeron a No toquen nada que si envían el caso a la Justicia se transparenta y se termina la historia. Pero el caso ya tenía algún viso de oscuridad: una reunión del mexicano González con Kreimerman durante la investigación no fue informada públicamente. ¿Qué quería González si no tiene medios en Uruguay, si las radios no son suyas? ¿Qué hablaron? No toquen nada se lo preguntó a Kreimerman quien lo negó dos veces antes de decir que cree que sí. Lo que viene Los demandantes interpusieron un recurso de revocación y jerárquico de la decisión del Ministerio de Industria de archivar la investigación. El Ministerio de Industria tiene 180 días para aceptar o denegar el recurso. En el caso de mantener la decisión, será la Presidencia de la República quien deberá decidir si revoca el recurso o mantiene archivada la investigación. Para los denunciantes hay un fraude a la ley. “El grupo económico es un indicio de que en realidad hay un testaferro que está utilizando su nombre para encubrir que la emisora tal es controlada por una persona o una empresa o un grupo”, dijo Lanza. “Más allá de que González esté o no atrás, lo que se demuestra es que hay un empresario que controla 10 emisoras en forma directa o indirecta. ¿Eso no es ilegal? ¿No está prohibido hoy? ¿Por el solo hecho de que efectivamente estén a nombre de otra persona, que es Molinari, pero que nunca pisa las radios ni toma decisiones?”, expresó Lanza. Según él, “hay un fraude a la ley” porque “en forma indirecta sí adquirieron esas 10 u 11 radios, y eso es público y notorio, porque basta ir a radio Real de San Carlos y ver que son los mismos informativos que Sarandí, por ejemplo”. http://www.180.com.uy/articulo/29637_Kreimerman-desoyo-pedido-de-revocar-concesion-de-radios-y-archivo-denuncia Algunas de los argumentos del GMS para presentar la denuncia ante URSEC Nota publicada en La Diaria el 17 de abril de 2012 ver nota completa en: http://www.infoycom.org.uy/?q=node/6399 (...) Él manda la diaria accedió a los descargos de los empresarios en diciembre ante el MIEM. Todos los involucrados niegan pertenecer a un "grupo económico", conocer o tener vinculación con González y piden el archivo del expediente alegando que no hay pruebas. Enfatizan en que la retransmisión de programación de otras radios o la centralización física de varias emisoras en una misma dirección (Enriqueta Compte y Riqué 1250) -aspectos subrayados por la Asesoría- no es indicio de la existencia de un grupo económico. "Esta identidad de domicilio no obsta a que cada una de las emisoras que funcionan allí cuente con un espacio y estudio propio e independendiente, con una producción separada y con una conducción también independiente", explicó Fernando Coelho, señalado por GMS como el representante de González por ser quien "está a cargo" de sus emisoras en Uruguay. Coelho entiende que esto es un "infundio" y que no hay "detalles que hagan verosímil" la denuncia, a la que considera "absurda, maliciosa e infundada". Asimismo, en sus descargos asume la responsabilidad por la gestión de Sarandí Comunicaciones SA, que abarca Sarandí, Sarandí Sport, Disney e Integración Americana. Sin embargo, tras consultar a cuatro ex funcionarios de Futura FM, que también funcionaba en la mencionada dirección, todos reconocen a Coelho como el gestor de dicha emisora. "Para mí, la figura de autoridad era Coelho. Lo que era sueldo, la parte económica o de los contratos era con él. Las veces que arreglé plata fue con él, y las veces que había que pedir permiso para algo fue con él, las licencias se las pedí a él. Había un encargado pero no tenía otra autoridad más allá de transmitir las órdenes de Coelho", afirmó a la diaria el periodista Diego González. Ante la misma consulta, su colega Ernesto Muniz señaló a la diaria que cuando fue despedido de la radio la persona que le dijo "hicimos todo lo posible y esto no funciona" fue Coelho. En esto y en la gestión del empresario en las otras emisoras que funcionan en el edificio coincidieron otros dos ex trabajadores de Futura que prefirieron mantener su anonimato por temor a las represalias en el medio. Por el contrario, en sus descargos José Carlos Molinari afirma que él y Diego de Luca son "los únicos responsables de la explotación" de Del Plata, Futura y Radio Real de San Carlos, y entiende que la denuncia es "descabellada". (...) Nota publicada por el semanario Búsqueda el 25 de marzo de 2010 ver nota completa en: http://www.infoycom.org.uy/?q=node/4466 (...) Esto surge de las pruebas agregadas en la investigación del organismo regulador, así como de nuevos documentos y testimonios sobre esta operación. Albavisión. Uno de los elementos aportados a la investigación ofi cial por diversas fuentes tiene que ver con la aparición formal de las radios uruguayas en la página web del holding Albavisión, cuyo presidente es el propio Ángel González y su responsable en el área Tecnología es Juan Pablo Alviz. El nombre del vasto multimedio regional responde al nombre de la esposa del magnate (Alba) y no a la denominación del bloque de países que promueve el llamado “socialismo del siglo XXI”, bajo el liderazgo de los gobiernos de Venezuela y Cuba. Al ingresar al sitio web corporativo “www.albavision.tv” es posible acceder a un mapa de América Latina, el Caribe y el sur de Estados Unidos que describe, lugar por lugar, los extensos campos comunicacionales propiedad de González. Al cliquear sobre el mapa de Uruguay se abre la página de Sarandí 690. Claro que los dominios de este empresario son mucho más notables en algunos de los otros 14 países de la región en los que tiene presencia, incluyendo la ciudad de Miami, en Estados Unidos. En Argentina (Canal 9), en Paraguay (un sistema nacional a partir del canal Cerro Corá), en Guatemala (varios canales de TV y una central de radios), en Costa Rica (canales 4, 6 y 11), en Chile (una red de televisión por cable) y en Ecuador (redes de radio y televisión), por mencionar algunos ejemplos. La vinculación de Sarandí con González, además de surgir de la propia página web de Albavisión, se puede rastrear en los contactos que el mencionado Alviz —yerno de González y principal del área tecnológica del holding— mantuvo en Uruguay para finiquitar el negocio del paquete de radios adquiridas. También viajó al país el ingeniero Andrés Riveros, en abril de 2009, representante del Grupo González en Paraguay, a los efectos de ordenar los aspectos técnicos del negocio. De hecho, varios documentos en poder de Búsqueda dan cuenta de que la empresa Mont Soleil concentró la ejecución de una inversión proyectada en U$S 350.000 para actualizar los equipos de la mayor parte de las radios adquiridas (Sarandí y Sport; Cenit de Rivera; Total de Canelones; La Pedrera; Del Plata; Disney; Santa Rosa de Canelones; y Futura). En el año transcurrido desde la llegada del Grupo González también se hicieron sentir las consecuencias en los contenidos de varias emisoras y las condiciones de trabajo de parte del personal. Hubo varios despidos en todas las áreas (periodismo, ventas, técnicos y alejamiento de “estrellas” de la comunicación) y se concentró la elaboración de contenidos en Montevideo, que se reproducen en las radios del resto del país. Así, las radios del interior han perdido peso y capacidad de producción. El caso del conductor radial y televisivo Orlando Petinatti configuró uno de los últimos alejamientos de estas radios. No llegó a un acuerdo con el nuevo grupo a cargo de Futura y ahora dejó la emisora después de seis temporadas con su programa “Malos Pensamientos”. Confesión de parte. En la investigación que lleva adelante la Ursec también se reunieron elementos sustanciales sobre la existencia de esta concentración de radios. Uno de ellos es un correo electrónico enviado por el contador Carlos Molinari (que aparece ante la Ursec como titular de Emisora del Plata, Futura y Real de San Carlos) a un cliente suyo en el exterior en el que claramente admite ser representante de González en la compra de las radios del ex Grupo del Plata. El mail enviado desde la casilla de correo de Molinari a la del empresario argentino David Levi el 25 de febrero de 2008, afirma lo siguiente: “En el mes de setiembre de 2007 me llamó el Sr. González a quien sólo había visto una vez en mi vida para solicitarme, dado mi experiencia anterior en radios y a la excelente imagen que yo tenía (lo dijo él) ante la Ursec, la auditoría de unas radios que a él le interesaba comprar en Uruguay. Una de ellas era radio Sarandí, de la cual yo fui propietario hasta 1999. Además me solicitó la posibilidad de que yo integrara el Directorio de las mismas hasta nuevo aviso. Se están firmando los contratos definitivos en marzo y a partir de esa fecha mi vinculación formal culminará, no así la mía profesional, que espero se mantenga por más tiempo”. La copia del correo fue proporcionada por el propio Levi a la Ursec. Levi compareció en persona y dejó constancia de “haber recibido el mismo desde la casilla del contador Carlos Molinari Martínez”. Este empresario argentino mantiene un diferendo comercial con Molinari y contribuyó a la investigación como parte de sus acciones en Uruguay contra ese profesional. Grupo económico. Otras dos pruebas reunidas por la investigación apuntan a la existencia de un grupo económico que gerencia como una unidad las radios de los ex grupos Sarandí y Del Plata. Una de ellas es el resultado de la inspección ocular practicada por la Ursec en la planta emisora de radio Sarandí (Enriqueta Compte y Riqué 1250). De acuerdo con el acta labrada por los funcionarios, la inspección fue practicada el 19 de octubre con el objetivo de “verificar qué emisoras operan desde ese local”. Según los funcionarios, “se (comprobó) que en este lugar operan los estudios de las siguientes emisoras: 91.1 radio Futura; 91.9 Disney; 95.5 Del Plata; 102.9 Total; 690 Sarandí; y 890 Sport”. La inspección pudo registrar que las radios del ex Grupo Sarandí y algunas emisoras del ex Grupo Sofía-Troncoso fusionaron su funcionamiento debido a que operan desde la misma planta emisora con enlaces y es detectable “por aire”. Pero, además, una fuente del sector telecomunicaciones dijo a Búsqueda que las otras radios adquiridas al ex Grupo Sofía también emiten desde la planta de radio Sarandí a través de un enlace con Antel Data. Las radios Santa Rosa, Cenit de Rivera, Real de San Carlos y La Pedrera se conectan con la planta en Montevideo a través de tecnología digital por una red tipo “bridge”, lo que no se puede verificar por aire y por eso los inspectores de la Ursec no lo detectaron. Otra prueba de la conformación de este grupo económico en la radiodifusión uruguaya fue aportada a la investigación por la Intendencia de Montevideo, en respuesta a un oficio de la Ursec. El regulador preguntó en qué radios se emitía la publicidad facturada por Mont Soleil SA. Según la respuesta del gobierno municipal montevideano —recabada de su empresa de publicidad—, las radios “que componen el Grupo Mont Soleil son Futura, Sarandí, Sport, Disney, Emisora del Plata, Real (Colonia), Cenit (Rivera) y La Pedrera”. De igual modo se le solicitó a la Asociación General de Autores (Agadu) que informara en qué domicilios tiene registradas esas emisoras para el pago de los derechos de autor. La asociación informó que todas presentan como domicilio el de Enriqueta Compte y Riqué 1250. La Ursec también ofició a la DGI para indagar a qué radios responde la publicidad facturada por Mont Soleil SA, pero el organismo recaudador rehusó colaborar con la investigación de la Ursec. La DGI argumentó que “debemos ser estrictos en la protección de uno de los derechos fundamentales del contribuyente, como lo es el derecho al secreto de las actuaciones tributarias”. Nuevas pruebas. Según supo Búsqueda de informantes oficiales y privados, en las próximas horas se agregarán a la investigación más datos, provenientes de una fuente que pidió no ser identificada. Entre ellos hay poderes entregados a funcionarios de Mont Soleil SA para tramitar el cambio de lugar de la planta emisora de La Pedrera FM y documentos técnicos que prueban que esa radio, así como Cenit y Santa Rosa (todas vinculadas a lo que era el grupo Sofía-Troncoso), ya giran en la órbita del nuevo grupo mediático. En cuanto a la adquisición de nuevas radios, las fuentes indicaron que las negociaciones para adquirir las emisoras del grupo Vargas-Garmendia por parte de este nuevo actor de la radiodifusión nacional continuaron, aunque se sumieron en una mayor reserva debido a la investigación de la Ursec. De hecho existe al menos un registro de que Coelho visitó las locaciones de las radios de este grupo ubicadas en Punta del Este, en abril de 2009, con alguno de los principales del Grupo González. -------- Otra de las pruebas aportadas: es una imagen de la web de ALBAVISIÓN empresa de la cual Ángel González es dueño y CEO de la compañía

http://www.albavision.tv/ También se puede seguir todo el “caso González en el Portal de Información y Comunicación en Uruguay (InfoyCom) y directamente al caso González http://www.infoycom.org.uy/?q=taxonomy_menu/3/14/113

Hacia una construcción participativa de la política pública de telecomunicaciones y comunicación audiovisual

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) del Ministerio de Industria, Energía y Minería ha invitado a aportar ideas y propuestas a actores de la sociedad civil y de la academia sobre la agenda sectorial para este quinquenio. 20 de mayo - 9:00 hs. Esta actividad se llevará a cabo en NH Columbia.

Con este propósito, -con el apoyo de Fundación Ebert en Uruguay (FESUR)- organiza, un encuentro que se abrirá con la presentación del Subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño y del Director Nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez Germano. Luego se dará paso a la exposición de los participantes y a un posterior intercambio general.

Esta actividad se llevará a cabo en NH Columbia.


Web Presidencia, 18 de mayo de 2010

PEÑAROL-NACIONAL y un conflicto invisible, fuera de lo clásico

En oportunidad del clásico entre Peñarol y Nacional disputado el último domingo, la opinión pública se vio sorprendida cuando desde las ondas de Radio Universal, en el espacio conducido por Alberto Kesman, se emitieron numerosos avisos del Sindicato de Artes Gráficas, calumniando al diario LA REPUBLICA.

Coordinadamente con esta acción, colgaron en diferentes puntos de la ciudad, pasacalles que atacaban a "LA REPUBLICA, el diario oficialista", acusándolo de "represión sindical". Ante la difamación pública a un medio de comunicación al servicio de los intereses estratégicos de los trabajadores, que no genera plus valía económica alguna, ajeno a toda tasa de explotación, REG SA editora del diario LA REPUBLICA, se dirige a la opinión pública formulando la siguiente declaración:

1) Ignorábamos la existencia de un conflicto entre el SAG y nuestra empresa. Nos enteramos por el aluvión de costosos mensajes publicitarios y pasacalles contra "el diario oficialista", desplegados intempestivamente por ese gremio. Nos llama la atención la forma artera de romper hostilidades, así como la insólita falsedad sobre una represión sindical inexistente, sin un sólo caso a exhibir, decidiendo un conflicto sin preaviso alguno, que no es la costumbre del movimiento sindical uruguayo desde su fundación. También llama la atención el ensañamiento contra el diario plural, jamás desplegado de ese modo contra otros medios de prensa afiliados a intereses contrarios a los trabajadores. No existen antecedentes de campañas radiales de semejante envergadura, del SAG contra un medio de prensa.

2) Antes de esta inexplicable ofensiva del SAG mantuvimos numerosas reuniones en el Ministerio de Trabajo, donde en un clima de respeto mutuo se alcanzaron acuerdos justos en la DINATRA el 7 de abril pasado, que fueron ratificados en votación unánime por la asamblea de nuestros trabajadores, por su comité sindical y por el gremio de periodistas y administrativos, APU, que representa al 84% de nuestro personal, instrumento que a juicio de esa Secretaría de Estado, obliga legalmente al 100% de los trabajadores de LA REPUBLICA.

3) En el diario LA REPUBLICA existe un absoluto respeto a las actividades sindicales de sus trabajadores. Desde que se notificó a la empresa la formación de un comité que representa a los afiliados a APU y otro comité que representa a los afiliados al SAG, la empresa se ha reunido con ellos todas las veces que lo han solicitado, autorizándose en los propios lugares de trabajo todas las asambleas que fueron comunicadas. Jamás fueron descontadas las horas no trabajadas por actividades sindicales o asambleas que en muchos casos duraron varias horas. A pedido del SAG se comenzará a descontar de los salarios la cuota sindical para ser volcada al sindicato. No ha existido una sola sanción, ni despido, ni represión de tipo alguno contra ninguno de los trabajadores, sean gráficos o no, de nuestro diario.

4) La situación del SAG en LA REPUBLICA provoca perplejidad. De los 213 trabajadores que laboran en nuestro diario y figuran en la respectiva plantilla del personal, 178 pertenecen a APU, 35 son gráficos de los cuales 28 no quieren afiliarse al SAG y no podemos obligarlos a ello y sólo 7 según el propio sindicato que nos proporcionó sus nombres para descontarles la cuota sindical, son afiliados al SAG.
Pues bien, parece que 7 trabajadores de nuestro diario, contra la opinión de los 206 restantes (96.7%), contra la opinión de la gremial (APU) que agrupa al 84% de los funcionarios de LA REPUBLICA, contra la opinión del 82 % de los gráficos y contra la opinión del Ministerio de Trabajo que avaló el acta del acuerdo, se declararon en conflicto, sin siquiera especificar cuáles son sus reclamaciones o las causas del mismo y sin indicar en qué consiste la represión sindical que denuncian.

5) Por otra parte es un conflicto muy singular, ya que el diario ha salido todos los días, ningún trabajador gráfico afiliado o no, ha interrumpido siquiera por unos pocos minutos sus actividades, producto del conflicto invisible decretado por el SAG, contra la opinión del 96.7 % de los trabajadores de LA REPUBLICA.

6) Desconocemos las causas de este conflicto inusual, que al parecer nos enfrenta a 7 trabajadores, con los cuales la única divergencia que tenemos es que trabajan menos de 4 horas y cobran las 8 horas por las que fueron contratados. Este tema se encuentra en discusión en el Ministerio de Trabajo. El caso más inaceptable es el del jefe de electromecánica, cargo de confianza si los hay, cuya contratación le cuesta a nuestra empresa la suma de $ 38.639 pesos mensuales, el doble de cualquier gráfico, y que se niega sistemáticamente a trabajar las 8 horas por las que fue contratado pese a existir trabajo imprescindible, dentro de su horario, en las numerosas máquinas de nuestra empresa. Cuando lo intimamos a que cumpla su horario, y trabaje todos los días contratados, ya que sólo trabaja menos de 4 horas diarias y se toma, a diferencia de sus compañeros, un día franco más que los demás, nos contestó afiliándose al sindicato, hecho legítimo e incuestionable, con la salvedad de que lo hizo para defender un privilegio personal de trabajar menos horas y menos días que los que marca el consejo de salarios, en una irritante desigualdad con los restantes trabajadores del diario.

7) Toda la publicidad del SAG contra LA REPUBLICA, se basa en una inexistente represión sindical. De haber ésta existido, debió ser denunciada concretamente en el Ministerio de Trabajo donde mantuvimos diversas reuniones. Es la primera vez que observamos que un sindicato denuncia represión sindical y no la identifica.

Nuestra empresa no ha despedido a ningún gráfico, sean afiliados o no al SAG, no ha sancionado tampoco a ninguno de ellos, más allá de que si lo tiene que hacer ante incumplimientos comprobados, no distinguirá entre afiliados o no, porque no creemos en privilegios surgidos de membresías. El ser afiliado de un sindicato es un honor y un compromiso solidario, no una patente de corso para trabajar menos de lo pactado diferenciándose en forma irritante del resto de los trabajadores. Esta afirmación consta en las actas fundacionales y en la práctica cotidiana de la central que agrupa a todos los trabajadores uruguayos.

Lo absurdo de la situación es que no ha existido el mínimo gesto de nuestra empresa que implique represión sindical. Y como no existió, les fue imposible identificarlo y denunciarlo, optando por una acusación genérica que ninguno de los 213 trabajadores de LA REPUBLICA, sabe de qué se trata. Salvo que se entienda por persecución sindical notificarle al jefe de mecánicos, afiliado recientemente al SAG, que debe cumplir sus 8 horas todos los días de la semana, respetando su día franco, y que debe ubicar su automóvil con el que llega al diario en un lugar que no dificulte la circulación, notificándole además, ante versiones no comprobadas, que está prohibido ingresar armado a las instalaciones de nuestra empresa. O que consideren represión sindical haber suspendido a un sub-jefe de sección por fumar en su lugar de trabajo después de múltiples advertencias y de haber tenido que pagar multas aplicadas por el Ministerio de Salud por esa causa. Como suponemos que el SAG no puede, por razones de mero sentido común, estar refiriéndose a esta notificación o a esta suspensión con causa justificada, como un acto de "represión sindical" como alega irresponsablemente su publicidad, es que nos preguntamos a qué clase de represión se está refiriendo.

8) Es de destacar además que según nota del propio SAG del 1º de diciembre de 2009 entregada a nuestra empresa, ese sindicato designó como dirigentes sindicales del diario LA REPUBLICA, al 71.4 % de todos los gráficos afiliados al SAG que trabajan en nuestro diario, (5 dirigentes en 7 afiliados) en otro despropósito cuya única explicación es violentar la ley del fuero sindical para fomentar el conflicto que anida en sus mentes. Es como un ejército de setecientos hombres donde hay 500 generales y 200 soldados, o una orquesta dirigida por 5 batutas y sólo 2 músicos.

9) Es en este contexto que este sindicato, que se ha enrolado en la crítica irracional contra el gobierno popular, que nada tiene que ver con aquel sindicato de izquierda conducido por el inolvidable Gerardo Gatti, lanza una feroz campaña de opinión pública, representando a sólo el 3 % del personal de LA REPUBLICA, para difundir un conflicto inexistente, con la única finalidad de minar la imagen del único diario de circulación nacional los 7 días de la semana, con que cuentan las fuerzas del cambio.

10) La alianza objetiva de este sindicato, con las fuerzas de la derecha política, aislándose cada vez más del movimiento sindical y de sus bases, es la única explicación que tiene este desatino contra la fuente de trabajo de más de 200 familias y contra la opinión de todos los afectados. Llama la atención que el único diario que difundió este inexistente conflicto fue el diario El País, que nunca difunde conflicto alguno, salvo que afecte al gobierno progresista o que involucre a sus competidores de izquierda. Llama también la atención que este belicoso sindicato, tan pacífico con el resto de los diarios conservadores, donde no se permite su existencia sindical, y donde jamás hemos visto ni remitidos ni campañas de radio o pasacalles contra ellos, exhiba esta campaña desmesurada y falsa, sin motivo alguno, contra este diario de izquierda. En esa misma cuerda se inscriben los pasacalles contra "el diario oficialista". Ese calificativo contra nuestro diario, sólo lo habíamos leído en el semanario orgánico de la derecha vernácula y en otros órganos opositores. Jamás en una organización presuntamente de izquierda, salvo que ésta considere algo denigrante apoyar al gobierno progresista. Como este sindicato carece de representatividad y de afiliados en el diario que hoy ataca, y no puede lograr el atraso ni de un solo minuto en nuestras ediciones, sólo le restaba hacer lo que hizo: lanzar una mentirosa campaña de desprestigio, agregando a la sigla SAG, la del PIT CNT, organización con la cual mantenemos estrechos lazos fraternales, intentando hacer creer a la opinión pública que la central de los trabajadores está en conflicto con LA REPUBLICA. Si bien la mentira tiene patas cortas, el único capital de nuestro diario, es su credibilidad e imagen y su irrevocable decisión, probada durante 22 años, de ser coherentes en la defensa del proyecto popular. Una campaña de este tipo, sobre bases calumniosas y falsas, cuando no existe ningún conflicto con el 96.7 % de su personal periodístico y gráfico, y cuando no se ha dado un solo caso de persecución sindical, lo único que busca es deteriorar la fuente de trabajo de los seres humanos que dice defender.

Ha sido éste un nuevo baldón en la historia de un sindicato, antaño ejemplar y hoy representante de un ultrismo cuyo principal enemigo parece ser el gobierno popular y quienes lo apoyen.

11) Ponemos de testigo de todas nuestras afirmaciones y de la inexistencia de represión gremial en nuestra empresa, al Comité sindical de empresa del diario, a los 178 periodistas y administrativos de nuestro medio, a los 28 trabajadores gráficos de LA REPUBLICA no afiliados al SAG, al Ministerio de Trabajo y también, si lo desean, a los 7 afiliados al Sindicato de Artes Gráficas. Y nos preguntamos, ¿cómo puede defenderse una empresa que cuenta con acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo con la inmensa mayoría del personal, donde no existe denuncia alguna de represión sindical, cuando un sindicato que cuenta con sólo 7 afiliados en un total de 213 trabajadores intenta debilitar con su costosa campaña de calumnias, la fuente de trabajo de numerosas familias, así como al instrumento que ha probado ser, día a día, la locomotora escrita de las ideas del nuevo Uruguay?

12) Consideramos esta ofensiva dolosa contra nuestra casa periodística y los trabajadores que la desarrollan; una provocación bien articulada que cuenta con el apoyo de la derecha en todas sus expresiones, la misma que nos acusa junto con el SAG de tener el deshonor de ser "el diario oficialista".

Tengan claro nuestros lectores y la izquierda de nuestro país, que no cederemos a esta provocación.

Dentro de unos días cumpliremos 22 años al servicio de las mejores causas del pueblo uruguayo. Es lógico que quienes no comprenden la nueva era progresista que está cambiando a la Nación, quieran detener la permanencia y la influencia del único diario de izquierda en toda la historia del país que circuló en forma ininterrumpida 22 años seguidos. Ese récord desanima a los adversarios históricos del cambio social. Nosotros, durante 22 años más, continuaremos desanimándolos.

REG S.A.
Editora del diario LA REPUBLICA


La República, 25 de abril de 2010

Artistas piden que cada canal produzca 3 ficciones por año

El Parlamento tiene a estudio un proyecto de ley para obligar a los canales televisivos a incorporar tres productos artísticos nacionales en sus emisiones anuales. La Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) aspira a que la propuesta abra caminos para vivir del arte.

“Las novias de Travolta”, “Hogar, dulce hogar” y “Charly en el aire” abrieron la puerta. El año pasado, luego de cinco años sin invertir en ficción nacional, los tres canales de aire hicieron su apuesta pero los artistas uruguayos esperan más.

La SUA promovió un proyecto de ley a fines del gobierno pasado para establecer la obligatoriedad de emisión de producción nacional en un 50%, de la cual un 20% deberá ser ficción. Si se concreta esa aspiración, cada canal deberá emitir un mínimo de dos largometrajes y una telenovela, serie o unitario uruguayos cada año, lo que equivale a doce producciones entre los cuatro canales.

El gobierno de Tabaré Vázquez hizo suya la idea y la promovió pero el Parlamento no llegó a votarla, por lo que a mediados de este año la SUA tomará acciones para promover la discusión pública del tema. “Así como Uruguay ha demostrado tener un importante caudal para desarrollarse en publicidad, tiene un potencial para producir ficción que debe ser discutido. Eso es fundamental para que podamos tener mayor estabilidad económica”, explicó a Ultimas Noticias el presidente de la institución, Sergio Mautone.

Lo que ocurre es que la SUA tiene aranceles básicos para quienes participan de una ficción nacional (ver nota aparte), pero los mismos no son cumplidos por las productoras debido a la falta de empleo. “Si la gente exige que le paguen lo que corresponde, no trabaja, salvo algunas excepciones que incluso negocian un caché más alto porque tienen determinada trayectoria”, explicó.

A eso se suma la disponibilidad de gente que “está dispuesta a aparecer en televisión aunque sea gratis. Se pueden pedir los extras por Internet y la gente se presenta sin cobrar, cuando en cualquier otro país se pagaría por esa tarea, aunque sea un mínimo”.

Sin embargo, Mautone reconoció que en los últimos cinco años “hubo algunos avances. Antes era imposible pensar que un artista pudiera alguna vez vivir de su trabajo. Hoy podemos, por lo menos, imaginar que podría suceder”.

sin Consejos

En la apertura del sitio web de la SUA (www.sua.org.uy), bajo la imagen de un sol sobre un horizonte celeste, se puede leer: “Gracias. Las actrices y actores del Uruguay hemos sido reconocidos como trabajadores. Gracias por ayudar a construir esta identidad. Gracias por trabajar juntos. Brindemos por todo lo que nos queda por construir”. Y es que la lucha es de larga data.

El 13 de noviembre de 1953 el gobierno de la época promulgó la ley que otorgó la jubilación a los actores. Tras largos años en radio y teatro, Constante Scartaccini fue el primer actor que se jubiló pero pocos lo hicieron.

Hacer los aportes como unipersonales no era sencillo en una profesión inestable y al comenzar la dictadura, el Acto Institucional Nº 9 la derogó. En el último gobierno, la senadora Margarita Percovich promovió una nueva norma y los actores fueron nuevamente reconocidos como trabajadores aunque no llegaron a participar de los Consejos de Salarios.

Mautone admitió el logro pero aclaró que “no funciona a pleno derecho. Es una ley que tiene un valor fundamental en lo conceptual porque reconoce al artista como trabajador pero presenta muchos puntos débiles y va a exigir una revisión para lograr la formalización del sector”. En ese sentido, el derecho a participar de los Consejos de Salarios es uno de los principales reclamos. El Pit-Cnt está de acuerdo pero hay resistencias por parte de los contratantes y el Estado todavía no se expidió al respecto.

Dado que la ronda de Consejos de Salarios comienza a fines de mayo, la SUA confía en ser tomada en cuenta. También hay expectativa respecto a la difusión que el nuevo gobierno pueda dar a la ley de Patrocinio, aprobada hace dos años pero con poco efecto, dado que según Mautone “no ha podido encontrar los canales adecuados”.

La norma establece descuentos impositivos para las empresas que aporten al teatro, la danza, la música, el desarrollo audiovisual, las letras y las artes visuales.

En este quinquenio habrá por primera vez un fondo común para el fomento de las artes que tendrá un punto de partida de U$S 2.600.000 aportados por el Estado y reajustables en cada Rendición de Cuentas. Las exoneraciones a las empresas que aporten a ese fondo o a cualquier propuesta artística avalada por el mismo van desde el 20% al 100% pero la propuesta no ha tenido repercusión.

Por ahora, el único aporte económico estatal concreto a las artes proviene de los Fondos Concursables del Ministerio de Educación y de Montevideo Ciudad Teatral, que promueve la Intendencia capitalina, además de otros programas de menor cuantía en el interior del país. Para Mautone, “el país tiene un debe con sus artistas. En décadas el Estado no se ocupó de buscar un camino para que vivamos de nuestra profesión y en ese descuido, también dejó de lado el fomento de nuestra identidad”.

Televisión y cine nacional, el nuevo desafío

Actores que no cobran, aportes que no se hacen, cámaras y estudios prestados estiran los presupuestos uruguayos para hacer cine. Sergio Mautone, presidente de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), señaló a Ultimas Noticias que “en el exterior se ponen ejemplos de producciones uruguayas a U$S 500 pero la realidad es que no pagaron infraestructura, salarios ni aportes. Para hacer lo mismo en Europa o en Estados Unidos se gastarían decenas de miles. El logro es tremendo pero hay que entender que el soporte audiovisual debe ser remunerado”.

Directores y actores coinciden. Ricardo Preve, director de la película “José Ignacio”, usó su casa como estudio y escenario, un elenco donde más de uno no cobró y cámaras prestadas. Una lluvia de trece días le desequilibró el presupuesto y casi lo deja sin película. “Tenemos algunos inversores privados interesados en financiarnos pero es muy difícil. El cine independiente siempre choca con la falta de posibilidades”, explicó.

Mario Banchero, que en estos días dirige el rodaje de la miniserie “Correr el riesgo”, apuntó que enfrenta dificultades para filmar en el interior por los costos. “En este país viene cualquier argentino, aunque sea el último orejón del tarro, a grabar una escena de cualquier cosa y le facilitan todo pero para los uruguayos los costos son mortales”, comentó.

Para bajar costos los canales apuestan a los “enlatados” con sus consecuencias. Eduardo D’Angelo considera que “se ha perdido el sentido del humor nacional”.

Cristina Morán coincide y siente que “la gente se acostumbró a la guasada, la guarangada y la grosería”.

En su sitio web, la SUA advierte que “todavía priman los enlatados. En la vereda de enfrente, los actores de hoy esperan. Y ya han esperado mucho”.

50 espectáculos

Pese a las dificultades financieras, los artistas nacionales producen cientos de espectáculos anuales y mantienen una oferta permanente que oscila entre 50 y 60 obras teatrales que compiten por las salas. Sin embargo, la mayoría no son consideradas profesionales por la SUA, dado que se hacen casi de manera artesanal, lo que muchas veces impacta de manera negativa en el público, que concluye que el teatro es “aburrido” y repercute en contra de las propuestas más elaboradas.

Actores que cobran y dan de comer

Las dificultades económicas que golpean al teatro nacional obligan a ahorrar y a multiplicar recursos por otras vías. Un ejemplo lo constituye la Vieja Farmacia Solís, una iniciativa de Osvaldo Reyno en la cual los artistas no solo son protagonistas sino que cobran las entradas, ordenan el lugar y sirven las mesas con el vino y la picada que acompaña a cada presentación. Los viernes, también hay cena después de la obra para los que quieran completar la velada, en una apuesta a una nueva forma de hacer teatro.

El director Álvaro Loureiro, al frente del Grupo Aventura, encara el desafío de mantener un elenco independiente haciendo otras tareas. Cuando desarrolla sus obras en el Castillo Pittamiglio, es el encargado de la boletería. Otros luchas por recuperar viejos teatros como el Astral o el Victoria, golpeados por la dictadura, y también cobran y montan escenografías.

Así lo hace el actor Jorge Curi, que con varios galardones en su haber no duda en arremangarse para cambiar la distribución de las humildes gradas que sirven como asientos a los espectadores del histórico Victoria.

Sergio Mautone: “Podés ganar un Florencio y volver a casa en ómnibus”

María José Frías

La mayoría de los actores uruguayos no cobra por su trabajo. Cuando tienen un éxito llegan a ganar un máximo de $ 14.000 mensuales pero la mayor parte debe recurrir al multiempleo. En televisión y cine hay aranceles pero muy pocos los respetan.

“Podés ganar un Florencio y volver a casa en ómnibus”, aseguró el presidente de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Sergio Mautone. Hay una relación directa entre la cantidad de entradas vendidas, el costo de producción, cuántos actores participan de la obra y el rol de cada uno con lo que ganan. Esa ecuación lleva a que un éxito de taquilla implique una ganancia mensual aproximada de $ 14.000 para el protagonista. “Es poco y encima no pasa seguido. Un artista podrá tener uno o dos éxitos de ese estilo en toda su vida”, apuntó Mautone.

Por eso la gente trabaja de otra cosa y “muchas veces llega a poner dinero de su bolsillo para producir obras que, si fracasan, repercuten en su vida personal”. Eso ocurrió el año pasado con la aparición de la Gripe A, que provocó un vacío total en las obras infantiles durante las vacaciones de julio.

En publicidad y locución, los aranceles de la SUA se cumplen pero también resultan trabajos ocasionales. Un locutor cobra $ 3.360 por prestar su voz para un contestador de empresa y un 30% adicional por idioma. Si es protagonista de un aviso televisivo, cobra $ 11.000, $ 4.000 para que su imagen salga en los diarios, $ 8.800 por vía pública y $ 15.700 por publibus. Los extras cobran $ 3.000 aunque los avisos salgan durante todo un año. Por conducir un programa, se pagan $ 10.970, que bajan a $ 8.780 si va todo el año. Un maestro de ceremonias cobra $ 6.400 para hacer la apertura y $ 9.970 si tiene que estar en toda la presentación.

Para los que trabajan en televisión o cine también hay aranceles pero los mismos no se cumplen en al mayoría de los casos. Hay un básico de $ 1.400 pesos diarios para actuar en una película y por encima de eso se negocia de acuerdo al rol de cada actor, pero muchas veces las productoras pagan menos. Para Mautone resulta “indigno que el sueldo del artista sea una variable. Si los artistas debemos descartar la posibilidad de vivir de nuestro trabajo porque estamos al servicio de la cultura, debería aplicarse en otros rubros. Con ese criterio, que los legisladores trabajen nueve horas en una zapatería para vivir, como hacemos nosotros, y después vayan a legislar, porque también brindan un servicio a la comunidad”.

A modo de ejemplo, el director y actor Alfredo Goldstein se mantiene como profesor de literatura. El año pasado, la directora Gabriela Iribarren dirigió Hamlet, una obra por la que el protagonista Álvaro Armand Ugón se llevó el Florencio. Era el único que estaba en todos los ensayos porque los trabajos particulares de los otros integrantes del elenco les impedía participar. “Se ensayaba el fragmento que involucraba a los actores que estaban disponibles y como Hamlet aparece en casi toda la obra, yo estaba siempre. Para hacer un ensayo general había que esperar que todos salieran del trabajo y terminábamos de madrugada”, indicó Armand Ugón a Ultimas Noticias.

Rafael Pence, dramaturgo, director, actor y docente recientemente llegado de Europa, señaló que “allá el ensayo es parte del trabajo y se paga a los artistas por hacerlo. Eso da derecho a exigir. Aquí cuando los actores se consiguen otro trabajo, hay que adaptar los horarios y no se puede hacer nada”.

24 excepciones

Dentro del teatro nacional hay 24 actores que pueden vivir de su arte sin necesidad de dar clases, animar fiestas o conseguir otro empleo. Son los integrantes de la Comedia Nacional, quienes cobran un salario de acuerdo al lugar que ocupen en el escalafón.

Eso los condiciona a estar disponibles para la Comedia. Para actuar en una película o una serie deben pedir permiso y están limitados para concurrir a los ensayos. En general, se les niega el derecho a actuar en obras externas aunque pueden desarrollar otros roles como la dirección.


Ultimas Noticias, 24 de abril de 2010 - María José Frías

Uruguay es sede del software libre

Una vez más, varias ciudades de nuestro país participarán de la mayor actividad sobre software libre que se realiza en América Latina. Entre otras cosas, se instalará software gratuito y legal en las computadoras de los asistentes.

Varias ciudades uruguayas participan hoy de Flisol, una movida del software libre que se desarrolla en América Latina. En Carmelo las actividades se realizarán en el Instituto de Formación Docente.

El software libre es aquel que una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, cambiado y redistribuido libremente.

Los diversos grupos de promoción del software libre organizan este evento en el que se efectúan demostraciones y se instala, de manera gratuita y totalmente legal, software libre en las computadoras que llevan los asistentes.

Además, en forma paralela se ofrecen charlas, ponencias y talleres en torno al software libre y también en relación a la aplicación del software libre en el Plan Ceibal, lo que las hará enriquecedoras para los maestros y alumnos de nuestras escuelas, quienes están invitados especialmente.

Los asistentes, además de obtener software libre para sus computadoras, podrán apreciar que la propuesta consiste, según sus organizadores, en una "segura alternativa a otros modelos de desarrollo y distribución de software".

En el evento se informará sobre la filosofía, la cultura y la organización del software libre, y se compartirán experiencias, desarrollos e investigaciones de grupos y entidades nucleadas en torno a él, tanto a nivel local como nacional e internacional.

La asistencia al evento es totalmente libre y gratuita. Está dirigido tanto a estudiantes, docentes y académicos, como a aquellas personas que posean poco conocimiento informático.


La República, 24 de abril de 2010 - Gabriel Monteagudo - Colonia

Gómez: "El debate debe ser para qué digitalizarnos"

Proveniente de la sociedad civil (fue activista de radios comunitarias) Gustavo Gómez es hoy el principal de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Desde allí será uno de los responsables de la inevitable digitalización de la televisión. Antes de ocupar su puesto había preparado un trabajo sobre el tema (TV Digital Terrestre en Uruguay, editado por el MEC) donde plantea políticas que democraticen la televisión abierta.

-¿Cuál es el principal desafío que usted ve en este camino hacia la digitalización de la televisión abierta?

-Esa es la pregunta clave que tenemos como país: para qué queremos digitalización. Estamos entrampados en una discusión de si el estándar japonés o el europeo que es una cuestión técnica. Pero la clave es que estamos ante un avance de la humanidad (la digitalización de las señales de la televisión abierta) y habría que empezar a debatir cuál es el uso que vamos a darle; para qué hacemos la transición hacia lo digital y qué es lo queremos obtener de esto. No es sólo una imposición tecnológica, es una oportunidad de hacer algo distinto. Tenemos que mirar nuestra situación, la potencialidad de la televisión digital terrestre y saber para qué la necesitamos. Por eso es que, paralelo a la decisión que el presidente y el canciller vayan a tomar sobre este tema, que es más política que técnica, desde el Ministerio de Industria vamos a promover consultas públicas sobre para qué la digitalización.

-Usted dice "hacer algo distinto". ¿Qué sería?

-Esto tiene que ser útil para lograr una mayor diversidad de contenidos y de señales en la televisión abierta, con más servicios para los usuarios, más pluralidad en los medios y una oportunidad para el desarrollo tecnológico. Este es un aspecto importante para la construcción de un "Uruguay inteligente".

-Usted insiste en el libro sobre la democratización de los medios, y destaca cómo ahora está en manos de unos pocos grupos. Pero existen posibilidades de que con la digitalización esos mismos grupos reclamen la televisión digital, ¿el Estado debe controlar eso?

-En términos técnicos se trata de una digitalización de las señales de televisión, lo que permite una optimización del uso del espectro. Entonces la pregunta es ¿quién se apropia desde ahora del espectro? Ese es el debate más importante en América Latina. Y la tendencia es que se lo apropian los operadores que ya estaban. Se reproduce un espejo del mapa actual de medios. Por eso yo planteo la necesidad de pensar que el estándar técnico si bien condiciona muchas de las decisiones que tomaremos la definición fundamental está en el modelo de transición y el marco regulatorio. Y esa es una decisión política.

-Una decisión que debería atender qué factores.

-Si uno habla con la gente que trabaja este tema todos estamos esperando una oportunidad de que haya más diversidad de oferta. No es en contra de los que están, es a favor de que se oxigene el mercado de televisión abierta.

-Y eso ¿cómo se ubica en la discusión sobre si se adopta el estándar europeo o el japonés?

-Los dos son muy buenos para permitir la diversidad de los medios, la interactividad y la televisión móvil.

-El problema entonces pasa por los contenidos. ¿Considera que el Estado debe controlarlos?

-Lo que hay que abrir es la igualdad de oportunidades para acceder a frecuencias de televisión. Y de eso ha adolecido este país en cuanto a políticas públicas. Cuando se abrió la televisión cable se le dio a los mismos tres operadores. Ha habido una tendencia a concentrar. Así que lo principal es abrir el juego, no controlar contenidos.

-Entonces, cuando en el libro usted habla de "una mayor producción local-regional y asegurar que pueda ser difundida a través de los medios", ¿a qué se refiere?

-Bueno, en ese sentido, sí a los contenidos. Y siempre terminamos en la concentración de los medios y en el modelo de negocio que tienen los canales. Eso yo no lo voy a hacer cambiar pero sin duda hay una fotografía que sacan empresarios privados en el Cluster Audiovisual que dicen "tenemos una producción nacional que está encontrándose con recursos importantes como fondos y estímulos, con mejor calidad y sin embargo nos encontramos con un cuello de botella que son las ventanas de difusión". Lo que vamos a estimular son los acuerdos privados-privados para que esas ventanas se abran pero si no se consigue, tenemos que abrir la competencia a otros operadores que sí les interese incorporar contenidos.

-El tema de la concentración de medios y de los contenidos puede hacer pensar en una ley de medios como la que impulsa el gobierno argentino. ¿Hay que hacer algo así acá?

-Sin duda. La legislación actual en materia de concentración de medios está muy limitada. No hay que copiar lo que hay en Argentina, pero sí instalar el debate. Porque de eso hablan los relatores de libertad expresión de la OEA y de las Naciones Unidas. El secretario general de la OEA, José María Insulza, dijo: "Una traba fundamental para la libertad de expresión es la concentración de los medios". Y lo dijo frente a los dueños de los medios. Deberíamos tomar esos insumos y ponernos a discutir el tema. Y además de la Ley de Telecomunicaciones, habrá que reformar la Ley de Radiodifusión que viene de la dictadura.

"Todos estamos esperando que haya más diversidad en la oferta de la televisión abierta".


El País, 24 de abril de 2010 - Fernán R. Cisnero

Periodistas defienden derecho a informar sobre secuestros

La molestia del gobierno disparó una vez más el debate. La cobertura del secuestro del empresario Ignacio Rospide el 18 de marzo, provocó la ira del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que acusó a los periodistas de poner en peligro la vida del rehén. ¿Deben o no los medios de comunicación informar sobre secuestros?, fue la pregunta que surgió en ese momento. Para el Poder Ejecutivo y la Policía es claro que debe haber un silencio noticioso.

Con esos antecedentes la empresa de comunicación Quatromanos y el estudio Ferrere abogados, organizaron el foro Secuestros y medios de comunicación.

“La regla en el periodismo es informar todo aquello que sea de interés público y esté debidamente chequeado. No estamos para ocultar información, sino para publicar información”, fue la primera conclusión del periodista y director del semanario Búsqueda, Claudio Paolillo.

Aseguró creer en “la más irrestricta libertad de prensa y expresión” y señaló que los secuestros extorsivos “siempre” son noticias de interés público. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de “aguantar” una información en casos puntuales.

Cuándo esperar. “Puede haber situaciones extremas que sean excepciones. Cuando a los periodistas se nos convence de que justo en ese momento puede darse una situación complicada, y dar el dato en ese momento puede poner en riesgo una vida, tenemos que considerar si publicamos o ‘aguantamos´ la noticia en un período breve”, explicó. Aclaró que eso “solo se puede hacer teniendo la información para decidir si realmente está en juego una vida”. Y consultó: “¿Qué pasa si los secuestradores son una banda de policías? ¿Y si los que nos piden que no informemos son los propios policías? Por eso debemos extremar nuestra conducta profesional”, afirmó.

No es fácil. La cobertura de informaciones tan delicadas como los secuestros no tienen receta. “En medio de una situación extrema entra en conflicto el derecho humano de informar y el derecho humano a vivir”, señaló Paolillo.

De todas formas, reiteró que “las decisiones de publicar o no una información son siempre de los medios y los periodistas, y no de agentes externos ni del Estado”.

En referencia al presidente José Mujica, que había manifestado que los medios debían “ayudar” a la Policía, Paolillo dijo que la prensa “no es un auxiliar del gobierno, ni de la Policía ni de los jueces”.

Además, dijo comprender pero no compartir la propuesta de Bonomi sobre crear un protocolo.

“Va contra la libertad de expresión, y no sirve para nada porque cada secuestro es una historia única, y porque cada medio tiene sus normas profesionales y éticas propias, intransferibles y a veces opuestas”.

Hicieron lo de siempre. Otro de los panelistas, el periodista y director de Telemundo 12, Alfonso Lessa, se mostró sorprendido por la reacción de Bonomi por el manejo que hizo la prensa del secuestro de Rospide. “Yo no recuerdo algo así. Sí recuerdo el malestar de algún ministro por alguna cobertura, pero no algo así en los últimos 30 años”, dijo. Lessa señaló que “en los 14 secuestros que hubo en los últimos 36 años siempre se informó y esta vez no fue diferente”.

No hay pruebas. La posibilidad de poner en riesgo la vida de un secuestrado también fue manejada en el foro. Lessa aseguró que “no existen pruebas de que la divulgación de estos hechos genere un efecto negativo”. Como ejemplo recordó el caso de Valentina Simon, cuyo secuestro fue divulgado y ella salió con vida; y el de un empresario que fue hallado muerto, y del que no se había informado en los medios.

Además, recordó que el Poder Judicial dio a conocer toda la información luego de que Rospide estuvo fuera de peligro, y “de esa información se desprende que la divulgación obró a favor de la liberación”. Consideró que “las restricciones no son buenas” y que la receta es “la de siempre: responsabilidad, ética, profesionalismo, reglas claras e información adecuada por parte de policías y autoridades”.

Policías y periodistas. “Los policías del mundo tienen grupos especializados para tratar estos temas con los periodistas”, señaló el tercer panelista, el abogado del estudio Ferrere, Andrés Cerisola. Indicó que esto “no se puede resolver con una ley o un acuerdo en general, sino estudiando caso a caso, y donde la decisión final la debe tomar el órgano de prensa”. Señaló como “legítimo” que se cree un equipo especial en la Policía “para evitar filtraciones” de información.

Lo dijeron
Claudio Paolillo:
«No estamos para ocultar información, sino para publicar información»
«Las decisiones de publicar o no una información son siempre de los medios y de los periodistas, no de agentes externos ni del Estado»

Alfonso Lessa:
«En los 14 secuestros dados en los últimos 36 años siempre se dio la información y esta vez no fue diferente»
«No existen pruebas de que la divulgación de estos hechos genere un efecto negativo»

Andrés Cerisola:
«No se puede resolver con una ley o un acuerdo en general, sino estudiando caso a caso, y donde la decisión final la debe tomar el órgano de prensa»
«Los inversores que vienen a Uruguay toman muy en cuenta que los secuestros son raros, y suelen terminar bien»

Se olvidaron de los SMS, Twitter y Facebook
Antes que comenzara la conferencia, el director de Quatromanos, Álvaro Amoretti, hizo una breve presentación en la que contó cómo se enteró del secuestro. No fue por los informativos de TV, ni por las radios. Fue por mensajes de texto, mientras estaba en el cine, y antes que la noticia cobrara estado público. Periodistas que querían consultarlo para saber si conocía al secuestrado, y empresarios a los que los periodistas habían llamado, que querían saber de qué se trataba el asunto. Y nadie lo había informado públicamente.

En esa línea, Lessa señaló que el planteo del gobierno tiene un punto de partida equivocado, “y es creer que en 2010 se puede controlar o evitar una información con el desarrollo tecnológico que existe. Pensar que pactando reglas de juego se soluciona, es ver media parte de la realidad”, dijo el periodista.

Uruguay es seguro para los inversores
Según el abogado Andrés Cerisola, los inversores que vienen a Uruguay “toman muy en cuenta que los secuestros son raros, y suelen terminar bien”. En la conferencia señaló que hay inversores que “están trayendo a sus familias” porque “se toma en cuenta que Uruguay es un país seguro donde se puede andar por la calle”, en relación con otras naciones latinoamericanas. El abogado señaló que para estos casos “no se justifica la restricción a la libertad de prensa”, sino lo contrario y “tirar a toda Policía encima (de los delincuentes ) cada vez que se produce un caso”.

Otros casos en el mundo
94 días. En octubre del año pasado, en Paraguay, fue secuestrado el ganadero Fidel Zavala. Según contó Paolillo, los medios debieron guardar la noticia durante 94 días. La familia se negaba a dar información por temor, lo que generó que un periodista escribiera una columna sobre la necesidad de contar con la información para prevenir otros casos.

EEUU. La periodista estadounidense Jill Carrol fue secuestrada en 2006. Su jefe pidió que no se publicara, pero no todos los medios hicieron caso.


El Observador, 23 de abril de 2010

Hay 27 oficinas estatales que omiten publicar sus compras

Existen a la fecha 27 organismos del Estado que permanecen omisos en su obligación de realizar la publicación correspondiente en la página web de compras estatales. En esta situación se encuentran el Poder Legislativo, seis gobiernos departamentales, el Inau y Asse.

Las reglas son para romperlas, afirma el dicho popular. Y hay quienes se lo toman en serio. Tal es el caso del Poder Legislativo (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados), los gobiernos departamentales de Montevideo, Treinta y Tres, Soriano, Rocha, Río Negro y Flores; el Inau y Asse.

Así lo denuncia en su memoria anual 2009 la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). En el documento de más de 100 páginas al que accedió Ultimas Noticias se señala que de la información remitida por el Área de Compras Estatales se desprende que 27 Unidades Ejecutoras no realizan las publicaciones de las compras y adjudicaciones en la página web correspondiente (www.comprasestatales.gub.uy).

Entre las Unidades que sólo publican los llamados y no las adjudicaciones figuran el Hospital Maciel y los de Canelones, Colonia, Lavalleja, Paysandú, Rivera, San José, Cardona, Dolores, Lazcano, Nueva Helvecia, Rosario, Tala y Chuy, además del Centro de Información de la Red de Drogas.

Más aún son las que no realizan ninguna publicación: el hospital Pereira Rossell, Reumatología y los hospitales de Río Negro, Aiguá, Cerro Chato, José Batlle y Ordóñez. Mina de Corrales, Río Branco, San Carlos, San Gregorio de Polanco, Sarandi Grande y Sarandí del Yi.

Fue un decreto del 3 de noviembre de 2004, bajo la Presidencia de Jorge Batlle, el que cometió a la Jutep a verificar la difusión que deben realizar todos los organismos públicos comprendidos en el artículo 2 del Tocaf, respecto a los actos de adjudicación de las licitaciones públicas y abreviadas, de contrataciones directas en régimen de excepción, sus ampliaciones y los actos de reiteración del gasto por observación del Tribunal de Cuentas. Y se dispuso que esta publicación se realizara online. Sin embargo, nada se estableció entonces respecto al Poder Legislativo y los Gobiernos Departamentales.

Desde entonces la Junta tomó contacto con el Área de Compras y Contrataciones Estatales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), respon- sable de la gestión de la referida página web. Esa oficina informó que gran parte de los organismos sólo cumplían parcialmente con la obligación.

Ante esta situación de incumplimiento, se elevó en 2007 un informe al entonces presidente Tabaré Vázquez quien, en Consejo de Ministros, resolvió el 28 de mayo de ese año dictar un nuevo decreto reiterando la responsabilidad legal de los organismos señalados de dar publicidad a las adquisiciones de bienes y compras de servicios estatales en sus diversas formas e incorporó al Poder Legislativo y los Gobiernos Departamentales.

En su informe, la ex Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado remarcó que en el transcurso del ejercicio 2009 se incorporaron además como organismos que deben cumplir con la normativa vigente las intendencias municipales de Artigas, Maldonado y Rivera y la aerolínea de bandera uruguaya Pluna.

Con el objetivo de modificar estas situaciones y “hacer más transparentes los controles”, se dispuso en el último tiempo la apertura de un nuevo ítem en el menú principal de la página web de esta oficina, denominado “incumplimientos”. Allí se da cuenta de la nómina de funcionarios y organismos en situación de inobservancia con respecto a la normativa que debe fiscalizar la Junta.

Sin embargo, los jerarcas del organismo (Beatriz Pereira, Adolfo Pérez Piera y Carlos Soares de Lima) resaltaron la carencia de personal para llevar adelante esta y otras tareas de control de la Junta. Sostienen que persisten los problemas denunciados en 2006 y reiterados en las últimas rendiciones de cuentas. “La Junta continúa con un equipo reducido -11 personas- y sin un soporte profesional suficiente en el área jurídica”.

Doce expedientes judiciales analizados en 2009

Dentro de la competencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública figura el asesoramiento a la Justicia Penal respecto de delitos contra la Administración Pública y contra la Economía y Hacienda Pública, imputables a los funcionarios del Estado. El dictamen del organismo puede ser solicitado por el juez o el fiscal del caso.

Durante 2009, la Junta se pronunció en 12 expedientes que le fueron remitidos. Entre ellos se encuentra el expediente de la denuncia presentada por el ex senador nacionalista Julio Lara contra el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y su hermano Gonzalo Nin Novoa, tramitado ante el juzgado penal de Fanny Canessa y sobre el que la Junta se pronunció el 10 de febrero del año pasado.

Otro de los expedientes analizados refiere a una denuncia contra dos ediles de la Junta Departamental de Canelones, tramitado ante el juzgado letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1° turno de ese departamento.

También se analizó la denuncia que presentó el abogado penalista Gustavo Salle y la firma Conatel (que representa a Siemens en Uruguay) ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 1° Turno, a cargo de la jueza Graciela Gatti, por irregularidades en la asignación de la licitación para compra de equipamiento para el Centro de Imagenología Molecular (Cudim), a la firma General Electric.

El resto de los expedientes penales refieren a funcionarios de Juntas Departamentales y de dependencias de la Dirección Nacional de Aduanas.

Por otra parte, durante 2009 la Junta procedió a la apertura de 45 declaraciones juradas: 27 por disposición de la Justicia Penal y 18 a solicitud de los propios declarantes.

Modificación de delitos

La Junta de Transparencia y Ética Pública elaboró un anteproyecto que modifica y amplía la Ley 17.060 por la que fue creada en 1998. En el documento, que se elevará en los próximos días al presidente José Mujica se plantea la modificación de algunos tipos delictivos y la incorporación de nuevas figuras. Se propone ampliar y precisar la redacción del delito de "Soborno trasnacional", que prevé una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. También se replantea la figura del "Enriquecimiento ilícito", que se considera un "instrumento interesante" para prevenir y detectar situaciones irregulares en el patrimonio de los funcionarios públicos.


Ultimas Noticias, 23 de abril de 2010

Uruguay: Ralentizada en TV de pago y desequilibrada en broadband

La Ursec contabilizó en 2009 apenas 11 mil abonados más que el año anterior en TV por suscripción. En banda ancha el dominio de la estatal Antel es abrumador.

Sin triple servicio a la vista para los operadores de TV por suscripción y con un dominio apabullante en banda ancha por parte de Antel, la compañía estatal monopólica, no han sorprendido los niveles ínfimos de crecimiento que han sido revelados oficialmente en los últimos días.

En cuanto a televisión de pago, la variación mostrada en el mercado uruguayo deja al desnudo una clara ralentización. De acuerdo al más reciente relevamiento de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), correspondiente al año 2009, el sector alcanzó los 427 mil abonados a nivel nacional, casi 11 mil más que los reportados en 2008. La cantidad de hogares con servicio alcanza al 31,7%.

En lo que respecta a la posición que ocupan en el mercado los operadores del segmento, Bersabel tiene el primer lugar con el 11% del market share; Multicanal 4%; Monte Cablevideo, Riselco y Tractoral 10%; Cable Plus y DirecTV 4%; Audomar y Cablevisión Pan de Azúcar 3%. En conjunto el resto de las empresas suma 41%. La cuarta parte del market share de Montevideo está en manos de Bersabel. Muy de cerca lo siguen en la capital del país la empresa Tractoral con 23%; CableVideo y Riselco con 22% y Multicanal 8%.

Ursec marca que poco más de 47% de los abonados se encuentra en Montevideo (193 mil en diciembre pasado). Lo siguen muy de lejos Maldonado y Canelones, con 11% y 9%.

En Uruguay la existencia de un monopolio estatal de telefonía fija (Antel) y un dominio equivalente al de operador único en broadband, clausura la posibilidad del Triple Play privado.

En lo que se refiere a acceso a Internet, el 95% del mercado de banda ancha está en manos de la telefónica estatal Antel, mientras que un 5% de las conexiones corresponde a los clientes del operador privado uruguayo Dedicado. Este segmento de banda ancha ha mostrado un ascenso lento en el comparativo con países de la región: 317.000 conexiones registradas en diciembre de 2009 (245.000 hubo en el mismo mes de 2008).


Todo TV, 20 de abril de 2010