De buenas intenciones

El Frente Amplio tiene la intención de aprobar un proyecto de ley sobre propaganda electoral que rija recién en las elecciones de 2014 y 2015. Para estos comicios, la idea es crear una comisión multipartidaria que acuerde con los canales de televisión privados el acceso de los candidatos a minutos de propaganda gratuitos. El diputado blanco Pablo Iturralde se mostró de acuerdo con la propuesta oficialista.

A principios de este año, la bancada del FA marcó como una de sus prioridades la aprobación de una ley de funcionamiento de los partidos políticos y otra sobre propaganda electoral. La primera fue aprobada, el presidente Tabaré Vázquez vetó algunos de sus artículos por razones de forma y el Parlamento dejó transcurrir el plazo para que fuera promulgada, aunque aún no está operativa. En cuanto a la segunda, la intención era aprobarla luego de las elecciones internas, pero el FA dio marcha atrás.

En marzo, la idea de la bancada oficialista era aprobar un proyecto específico para los comicios de este año y el próximo, que obligara a los canales privados a brindar espacios de publicidad gratuita pero al mismo tiempo permitiera la contratación de otros por parte de los candidatos si así lo querían, aunque con limitaciones. Para 2014 y 2015 se preveía la prohibición total de la contratación de espacios.

Hoy, según señalaron desde la bancada de Senadores del FA a la diaria, la intención aún es aprobar un proyecto que rija para las elecciones de 2014 y 2015, pero se descarta la aprobación de una norma para las nacionales de este año y las departamentales de 2010. La intención, en cambio, es conformar luego de las internas una comisión multipartidaria encargada de negociar con los canales privados y obtener así minutos gratuitos de publicidad.

El diputado nacionalista Pablo Iturralde (Alianza Nacional) dijo a la diaria que está en conocimiento de esa propuesta del FA y que, si bien su partido aún no tiene una posición definida, él está de acuerdo.

“Si hay una comisión que funciona bien, es mejor que sea por acuerdo que por imposición de la ley, y más cuando se trata de poner límites a la libertad de comercio”, opinó. Consideró viable que puedan lograrse minutos gratuitos a través de acuerdos, porque los canales “han tenido una actitud bastante abierta”.

El viernes se levantó la veda para la emisión de propaganda electoral, y los anuncios de campaña de los distintos precandidatos monopolizan los espacios publicitarios.

A media luz
El primer gobierno del Frente Amplio culminará con logros relativos en materia de comunicación. Se asignaron frecuencias comunitarias y se aprobaron algunas regulaciones que eliminan la discrecionalidad característica de gobiernos anteriores, pero la administración encabezada por Tabaré Vázquez no abordó a fondo el tema de la tevé digital (escogió la norma técnica pero no definió un marco regulatorio ni adjudicó frecuencias) ni aprobó normas en materia de publicidad oficial, por mencionar sólo algunos aspectos.

El ministro de Industria, Daniel Martínez, dijo a este medio el año pasado que la intención de las autoridades era aprobar una iniciativa sobre publicidad oficial antes de que terminara este gobierno. Algunos legisladores frenteamplistas tienen la intención de presentar un proyecto elaborado por el Grupo Medios y Sociedad (GMS) con la participación de distintos actores, que regula la contratación de publicidad por parte del Estado.

Pero el borrador de proyecto presentado públicamente por el GMS tiene algunos puntos controvertidos.

Por ejemplo, establece que la publicidad oficial deberá asignarse siguiendo criterios de mayor audiencia o número de lectores, y que en el caso de los medios comunitarios o locales, deberán establecerse subsidios pero no a través de la publicidad oficial, aunque no explicita cómo se instrumentarán esos subsidios.

Por otra parte, para medir el público de los medios escritos se propone recibir declaraciones juradas de sus editores y complementarlas exclusivamente con estudios de lectoría, sin usar verificaciones de circulación o de venta.

Los estudios de lectoría son encuestas que consideran lector a todo aquel que, en la semana previa a la entrevista, “leyó u hojeó al menos parte del contenido de un ejemplar cualquiera de un periódico”.

Esto incluye mirar el titular de un diario en un quiosco, y favorece por lo tanto a los medios que los quiosqueros colocan más a la vista (aparte de discriminar a los que, como este medio, apuestan a otros sistemas de distribución). Éste es el criterio usado por la empresa Ibope, que días atrás difundió un estudio según el cual el 65% de los lectores de diarios corresponde a El País, 13% a La República, 11% a
El Observador, 4% a la diaria y 3% a Últimas Noticias.

El diputado frenteamplista Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) opinó que el proyecto “intenta transparentar todo lo que tiene que ver con la publicidad oficial y termina generando transparencia sobre la realidad de los medios de comunicación”. “Hoy no hay forma de saber cuántos lectores tiene un diario. La idea es que no sean exclusivamente los propios medios los que brinden información, sino que el Estado también cumpla un rol asegurando equidad”, manifestó.

Fuera de programa
Los temas de comunicación ocupan un lugar marginal en los programas electorales de los sectores y partidos. El del nacionalista Luis Alberto Lacalle no dice una palabra sobre el asunto. En el caso del Frente Amplio, que es el que dedica más espacio a la cuestión, se propone continuar con la política de garantizar libre competencia e igualdad de oportunidades en el acceso a las ondas, obligar a los medios a reservar una parte de las ganancias por publicidad para fomentar la producción nacional, y “establecer una cuota de tiempo en los segmentos centrales” de los medios para “programación nacional de ficción y contenidos culturales”. En cuanto a esto último, el Ministerio de Educación anunció al diario Últimas Noticias su intención de presentar un proyecto en estos meses.

El programa de Alianza Nacional dedica un párrafo al tema de la radiodifusión, en el que señala la necesidad de “revisar y actualizar la ley de radiodifusión comunitaria para que, a la vez de consagrar la existencia y derechos de las emisiones de carácter comunitario, se den las garantías y el marco normativo necesario para que la radiodifusión comercial siga cumpliendo con su rol de servicio público y no sea objeto de competencia desleal”. Consultado al respecto por la diaria, el precandidato del sector, Jorge Larrañaga, opinó que la adjudicación de ondas debe darse “bajo los principios de transparencia y no de discrecionalidad”, pero enfatizó que tiene “muchas discrepancias” con lo que ha aprobado el FA en materia de comunicación y que el tema se debe “analizar extensamente”.


La Diaria, 01 de junio de 2009 - Natalia Uval