La onda clandestina

La libertad de expresión está de fiesta, sobre todo en las ciudades del interior. Cada día se comenta la apertura de una nueva radio comunitaria. Con alrededor de dos mil dólares se instala un transmisor de ondas y una pequeña antena ya permite cubrir la localidad. Es simple, cualquiera puede hacerlo.

Lástima que sea ilegal.
Todas las radios comunitarias que surgieron después del censo -finalizado en marzo de 2008- quedaron fuera de la ley y no deberían emitir. La Ursec es el organismo encargado de controlar y clausurar esas emisoras, pero entre las radios comerciales parece haber consenso de que eso no está ocurriendo. Hablan de "anarquía", "desigualdad", "falta de justicia" y "caos" en el entorno radiofónico.

Las comunitarias atraviesan hoy una situación compleja determinada por la aplicación de la ley Nº 18.232 -aprobada en diciembre de 2007- y la veda que impide otorgar frecuencias hasta seis meses después de las elecciones nacionales, es decir, en mayo de 2010.

Antes de que venciera ese límite, en octubre, la Ursec y el Poder Ejecutivo alcanzaron a habilitar 38 de las 412 radios que se presentaron al censo. Esas 38 ya se rigen bajo el mismo sistema legal que las comerciales y pagan los mismos impuestos. Su beneficio, al parecer, es que tienen la tranquilidad de que están "del otro lado". Nadie las puede expulsar.

El resto, a excepción de unas 113 que fueron tácitamente rechazadas por no cumplir con los requisitos, está en "veremos". Se puede decir que hay 261 radios "semi-legales" a la espera de que el Consejo Honorario Asesor de Radios Comunitarias (Charc) se expida acerca de ellas, cosa que podría suceder en dos o tres meses. Mientras tanto, siguen emitiendo. De todas formas, la frecuencia se les concedería oficialmente cuando finalice la veda electoral.

Martín Prats preside el Charc, comisión integrada por ocho personas provenientes de diversas áreas vinculadas a las radios comunitarias. En este tiempo el Charc estudia qué tan comunitarias son esas 261 estaciones censadas. Prats aseguró que es una tarea que lleva tiempo por la cantidad de radios que son, y porque además algunas presentan dudas. Por ejemplo: hay cerca de 100 emisoras que tienen contenido religioso, característica que está prohibida por la ley. En algunos casos es evidente, pero en otros la religión se alterna con aportes a la comunidad, y por eso no es tan sencillo. Las comunitarias tampoco pueden hacer proselitismo político.

El control de contenidos ilegales es materia del Charc, pero todo lo demás -exigir que las ganancias se vuelquen en la radio y no haya fines de lucro, vigilar que los equipos no se desajusten y causen interferencias, e incluso clausurar las ilegales- le compete a la Ursec.

Tanto el Charc como la Ursec proceden en función de las denuncias que surjan, ya sean de otra emisora o de algún particular que perciba interferencias en su radio o televisor. Aunque la ley establece que se debe hacer un seguimiento de las radios censadas para evitar que desvíen sus contenidos, Prats reconoció que eso todavía es complejo de lograr. Desde la Ursec, el presidente Jaime Igorra dijo que dispone de dos camionetas y 100 funcionarios para hacer su tarea, números que estimó "suficientes".

Carlos Arezo, dirigente de la Asociación de Radios del Interior (Rami), es propietario de dos radios en Tacuarembó y hoy también director de Cultura y Turismo en esa intendencia. Arezo se mostró indignado por lo que tildó de anarquía y aseguró que el propio Igorra le confesó que la Ursec no iba a hacer nada por ser éste un año "muy democrático".

En Tacuarembó "la fórmula es estar con el MPP" y en algunas radios "hay gente que dice palabrotas" o incluso "emite el sonido del acto sexual animal", afirmó Arezo.

Dijo que al menos en su departamento las comunitarias usan el recurso del lenguaje vulgar para atraer audiencia, y que verdaderamente son una moda.

"Como dicen cualquier disparate, hay gente que las escucha para reírse. Estamos en un proceso de argentinización tremendo", opinó.

También denunció la presencia de "tres o cuatro comunitarias religiosas por departamento", fundamentalmente protestantes.

Otro que se mostró preocupado fue Gerardo Alzugaray, presidente de la cadena de radios del interior Red Oro y propietario de una radio de frecuencia modulada (FM) instalada en la ciudad de Treinta y Tres. "A tres kilómetros hay una estación censada, entre comillas comunitaria, que causa interferencia y no permite que mi estación sea escuchada. Los vecinos mandaron una nota a la Ursec y al momento no ha habido respuesta. En la ciudad aledaña, José Pedro Varela, también hay dos o tres estaciones que abrieron después del censo y que también me causan interferencia", explicó Alzugaray.

En una contienda de difícil resolución, Igorra desmintió las acusaciones. "Nosotros estamos actuando y clausurando radios que transmiten ilegalmente, o incluso interviniendo en las censadas o comunitarias que puedan estar interfiriendo por tener desajustes en sus equipos". Atribuyó las "críticas infundadas" del sector comercial a que a éste "le ha costado mucho entender que existe y admitir los derechos de un sector de comunitarios que antes no existía en el país, que está reglamentado por ley, y que lo ven como una competencia".

A su vez, Arezo y Alzugaray entienden que además del control, la Ursec debería transmitir un mensaje claro de que no cualquiera puede poner una radio sin más.

"Hacer un kilómetro cero a partir del censo y que dejen de aparecer nuevas estaciones", sugirió Alzugaray. La Ursec, por su parte, sostiene que sus mensajes están en los decretos de ley y que no es necesario más.

Igorra comparó las radios comunitarias ilegales con los carritos de reciclaje o vendedores ambulantes que también surgen al margen de la ley. "La irregularidad en muchos aspectos campea en el país", concluyó, y agregó: "Entre ellos, los que les es más barato comprar un transmisor de frecuencia modulada y no un altoparlante para salir en bicicleta o en auto a hacer propaganda".

Por más que la legalidad finalmente esté llegando al sector comunitario -y muchos de sus integrantes lo agradezcan-, la ilegalidad seguirá imponiéndose entre quienes consideran que transmitir un mensaje radiofónico es su derecho y se niegan a pagar por él.

Cruce de acusaciones
"El problema surge con las emisoras ilegales que no están censadas, ya que pueden estar interfiriendo o cooperando con un contenido político o religioso". Esas declaraciones de Jaime Igorra a La diaria el 8 de abril causaron resistencia en las comunitarias. Denunciaron persecución política y dijeron que el discurso de Igorra provenía de "la derecha más rancia y retrógrada".


El País, 16 de mayo de 2009 - Paula Barquet