Decir cosas feas

La Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) elaboró una lista de radios comunitarias que operan por fuera de la legislación vigente y hacen “proselitismo político”, señaló a la diaria el presidente del organismo, Jaime Igorra. “Estas emisoras son ilegales y van a ser sometidas a la clausura en caso de ser captadas”, anunció.

La ley de radios comunitarias, de diciembre de 2007, dispuso la regularización de las emisoras existentes a condición de que cumplieran ciertos requisitos. Entre ellos, garantizar la “diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos” y no realizar “proselitismo político, partidario o religioso, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo”.

El año pasado se realizó el censo de radios comunitarias previsto en la nueva normativa, y luego de analizar las propuestas, la Ursec, con el apoyo del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC) creado por la propia ley, regularizó 38 radios de las 412 que se presentaron. Se rechazaron 113 propuestas y resta analizar 261.

La ley preveía la elaboración de una reglamentación en la materia, en un plazo de 60 días a partir de la instalación del CHARC, que ocurrió el 14 de abril de 2008.

Pero la reglamentación aún no existe. “Se está elaborando, pero no hay ninguna urgencia, porque en este período ya no pueden otorgarse frecuencias”, alegó Igorra, en referencia a la veda que regirá hasta que comience el próximo período de gobierno.

Sin embargo, parte del CHARC entiende que la veda del período electoral no impide asignar frecuencias que no tengan un fin lucrativo.

Y cree necesario, por otra parte, que la Ursec remita lo antes posible una normativa porque existen “problemas de reglamentación”, señaló a la diaria Martín Prats, presidente del CHARC en representación del Ministerio de Industria. “La idea era que la Ursec hiciera un reglamento y luego lo consultara con el Consejo.

Pero sólo hicieron algunas consultas iniciales. Estamos manejando un borrador alternativo de reglamento, y si la Ursec no lo presenta, lo hacemos nosotros”, aseguró Prats.

Afirmó que el reglamento es necesario para “aclarar algunas cuestiones de procedimiento” y “definir qué se entiende por proselitismo político y religioso”, para resolver ante “casos dudosos”. Aunque aclaró que en el CHARC hay quienes consideran que deberían incluirse definiciones que la ley no contiene.

Hablando de proselitismo
No todos los involucrados apoyaron completamente la ley sancionada.

La coordinadora de radios comunitarias Ecos fue crítica con varios puntos, más allá de que algunas de las emisoras que la integran fueron beneficiarias de la regularización.

En un comunicado emitido en agosto de 2007 (cuatro meses antes de la aprobación legislativa), Ecos cuestionó el proyecto por entender que iba a fortalecer “la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la administración de las frecuencias”, porque legitimaría a la Ursec -“un órgano represor que aún mantiene equipos incautados a las radios comunitarias”-, y por sus aspectos punitivos, “ya que mantiene en vigencia un decreto de ley impuesto en la dictadura (Decreto Ley 14.670) donde se establecen sanciones a aquellas radios que, con criterios poco claros para definir casos puntuales, transgredieran” la normativa. “Creemos que no se está apuntando a democratizar el espectro radioeléctrico sino a estrecharlo, a controlar las voces del pueblo”, estimó Ecos.

Las emisoras que quedaron fuera de la regularización y que no han hecho el trámite para regularizarse siguen siendo tan ilegales como en gobiernos anteriores, advirtió Igorra. “A posteriori del censo se empezaron a hacer transmisiones que se dicen comunitarias y que están haciendo proselitismo político.

Estas emisoras no están censadas ni autorizadas, son ilegales y van a estar sometidas a la clausura en caso de ser captadas”, añadió, afirmando que esas radios emplean “un lenguaje soez, con agresiones verbales”, que están “operando políticamente en contra del gobierno y de algún sector político”, y que “buscando perfilismo político, agreden a las instituciones”. “La crítica al gobierno es bienvenida, pero no la grosería soez, inconducente. Esto no es bueno para nadie”, aseveró el jerarca.

Aseguró que no puede identificar a los responsables de las transmisiones con un sector político en particular. “Hay de todo”, apuntó, y se lamentó por la “falta de respeto a las normas” que impera en la sociedad uruguaya. Enfatizó que sin
“la menor duda” la Ursec allanará estas radios cuando las localice.

“No actuamos añadiendo política a ninguno de nuestros procedimientos.

Actuamos de manera neutra, de acuerdo con la ley”, sostuvo Igorra.

Todas las manos

El Ministerio de Industria creará una comisión para reglamentar la transferencia de frecuencias de radiodifusión, a fin de darle más transparencia y evitar el uso de testaferros para concentrar medios.

Estará integrada por actores de la sociedad civil vinculados al tema y por representantes de los partidos, dijo a la diaria el ministro Daniel Martínez. El grupo tendrá tres meses para elaborar la normativa, según el decreto del 19 de marzo que suspendió por 90 días todo tipo de transferencia de la explotación de frecuencias. Martínez señaló que no está previsto revisar en forma retroactiva las realizadas antes.

La Diaria, 01 de abril de 2009